Los funcionarios públicos que bloqueen usuarios críticos en redes corren el riesgo de ser demandados por violar la Primera Enmienda, dice la Corte Suprema

La Corte Suprema, en un esfuerzo por adaptar las leyes a las nuevas tecnologías, dictaminó que los funcionarios públicos pueden ser demandados por bloquear usuarios en redes sociales en casos puntuales.

En un escrito de 15 páginas, a cargo de la jueza Amy Coney Barrett, la más joven de la Corte Suprema, se estableció cuándo son oficiales las publicaciones de los funcionarios públicos en las redes sociales y en qué casos un empleado estatal corre el riesgo de violar la Primera Enmienda.

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En el fallo unánime, se estableció que los funcionarios pueden ser considerados “agentes estatales” cuando hacen uso de las redes sociales y, por ende, pueden enfrentarse a un litigio si bloquean o silencian a un usuario.

Sin embargo, la jueza Barrett reconoció que “puede ser difícil saber si el discurso es oficial o privado” debido a la forma en que se utilizan las cuentas de las redes sociales. Por lo que la definición de qué es una publicación oficial es, cuanto menos, limitada, y cada caso tiene sus particularidades.

En particular, la Corte Suprema sostuvo que la conducta en las redes sociales puede considerarse oficial cuando tienen autoridad para hablar en nombre del Gobierno sobre diversos temas, publicar sobre esos temas en sus cuentas privadas y luego eliminar comentarios del público, lo que potencialmente incurre en la violación de la Primera Enmienda.

Sin embargo, cada caso debe evaluarse de forma particular y Barrett recordó en el fallo que, "Si bien los funcionarios públicos pueden actuar en nombre del Estado, también son ciudadanos privados con sus propios derechos constitucionales".

Este escrito llega cuando la Corte Suprema está examinando dos casos donde están implicados un miembro de un consejo escolar del sur de California y un administrador municipal de Michigan.

En el primer caso, los miembros de la junta escolar del área de San Diego, Michelle O'Connor-Ratcliff y T.J. Zane usaron sus cuentas personales en Facebook y Twitter para hablar de temas oficiales y hacer campaña política. Sin embargo, dos de sus electores, Christopher y Kimberly Garnier, dejaron comentarios criticando a la junta escolar por cuestiones raciales y supuestas irregularidades financieras por parte de un funcionario de la administración. O'Connor-Ratcliff y Zane tomaron la decisión de eliminar los comentarios de los Garnier, quienes además quedaron inhabilitados para comentar las publicaciones de los miembros de la junta.

En el segundo caso, James Freed, quien fue contratado en 2014 para desempeñarse como administrador municipal de Port Huron, en Michigan, usó su página de Facebook para publicar información familiar y profesional.

En 2020, sus comentarios sobre la pandemia en la página en Facebook causaron la reacción de Kevin Lindke, quien fue bloqueado por el funcionario debido a sus comentarios críticos.

De acuerdo con NBC News, los casos plantearon la cuestión de si las publicaciones de los funcionarios públicos forman parte de sus funciones gubernamentales.

“Al dictaminar que sí, el tribunal consideró que bloquear a alguien para que no siga a un funcionario constituye una acción gubernamental que podría dar lugar a una demanda constitucional en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión”, reseñó al medio.

Ambos casos, según la Corte Suprema, deben volver a someterse a los tribunales inferiores para que se aplique la nueva prueba jurídica. Anteriormente, los tribunales de apelación llegaron a conclusiones diametralmente opuestas en ambos casos: en la demanda de California, un tribunal de apelación determinó que los miembros de la junta escolar sí violaron la Primera Enmienda. Mientras tanto, el Sexto Circuito, con sede en Cincinnati, desestimó la demanda de Lindke contra Freed.

En 2020, antes de salir de la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump tuvo problemas legales similares por impedir que usuarios críticos lo siguieran en Twitter (ahora X).

Con esta nueva norma jurídica, la jueza Barrett insinuó que Trump probablemente habría perdido esa pelea legal.