La Administración Trump le pidió a la Corte Suprema anular una orden que limita las redadas de inmigrantes ilegales en Los Ángeles

El Departamento de Justicia (DOJ) le solicitó este jueves a la Corte Suprema anular la orden de la juez Maame Ewusi-Mensah Frimpong que limita las redadas migratorias en el área de Los Ángeles, basándose en criterios generales, como reunirse en sitios donde suelan congregarse jornaleros o hablar español. La orden, la cual fue emitida el mes pasado, bloqueó lo que los críticos han denominado como redadas migratorias “itinerantes” que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han venido ejecutando en el sur de California.

En una apelación de emergencia presentada ante la Corte Suprema, el procurador general John Sauer defendió el uso de generalizaciones como el campo laboral o el dominio del idioma para ejecutar las redadas contra inmigrantes ilegales. “Está de más decir que nadie piensa que hablar español o trabajar en construcción siempre crea una sospecha razonable. Tampoco se sugiere que esos sean los únicos factores que los agentes federales consideren. Pero en muchas situaciones, tales factores —solos o combinados— pueden aumentar la probabilidad de que alguien esté ilegalmente en los Estados Unidos. Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tienen derecho a apoyarse en estos factores cuando intensifican la aplicación de las leyes migratorias en el Distrito”, comentó Sauer.

Interferencia con la labor de las fuerzas del orden

El procurador general también afirmó que el fallo de Frimpong interfería con la labor de las fuerzas del orden en un epicentro de operaciones de ICE, estimando también que casi 2 millones de personas que viven ilegalmente en los Estados Unidos residen justamente en el distrito judicial al que se aplicó la decisión, el cual abarca todo el Distrito Central del estado. Este incluye no solamente a la ciudad de Los Ángeles, sino también a áreas circundantes de California tales como San Bernardino, San Luis Obispo y Riverside.

Sauer también argumentó en su apelación de emergencia que los demandantes no contaban con ninguna legitimación legal para presentar el caso, ya que estos no enfrentan ningún riesgo inmediato en el caso de ser sometidos a una detención inconstitucional. De igual forma, el procurador general explicó que el fallo de Frimpong representa una interpretación incorrecta de la Cuarta Enmienda de la Constitución, e incluso contradice una reciente decisión de la Corte Suprema que limita el uso de medidas cautelares de alcance universal.