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24 estados demócratas y el Distrito de Columbia demandan a la Administración Trump por congelar los fondos para programas extraescolares

La acción legal, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, argumenta que la retención de estos fondos viola la Constitución y varias leyes federales.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James (Archivo)

La fiscal general de Nueva York, Letitia James (Archivo)AFP / Adam Gray

Agustina Blanco
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Veinticuatro estados liderados por demócratas, junto con el Distrito de Columbia, presentaron el lunes una demanda contra la Administración Trump, impugnando la decisión de pausar la financiación de 6 mil millones de dólares destinados a programas extraescolares, entre los que se incluyen clases de inglés para hablantes no nativos, capacitaciones para maestros, expansión de programas de ciencias y artes, y esfuerzos contra el acoso escolar. 

La acción legal, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, argumenta que la retención de estos fondos, que debían liberarse el 1 de julio, viola la Constitución y varias leyes federales.

Según la demanda, la pausa en la financiación ha generado un impacto inmediato en los programas educativos. Los programas de verano han sido cancelados o puestos en riesgo, mientras que las clases de desarrollo docente y de inglés para estudiantes no nativos han sido suspendidas o reducidas. 

En esa línea, los estados aseguran que no fueron notificados con antelación, lo que les impidió buscar alternativas para cubrir el déficit de financiación. “El gobierno federal no puede usar las aulas de nuestros hijos para impulsar su ataque contra las familias inmigrantes y trabajadoras”, declaró Letitia James en un comunicado en su página web. 

Esta congelación ilegal e injustificada de fondos será devastadora para los estudiantes y las familias de todo el país, especialmente para quienes dependen de estos programas para el cuidado infantil o para aprender inglés. El Congreso asignó estos fondos y la ley exige que se entreguen. No permitiremos que esta Administración reescriba las reglas para castigar a las comunidades que no le agradan”.

Por su parte, un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto, citado por The Hill, defendió la decisión, afirmando que la pausa responde a una “revisión programática en curso” sobre la financiación educativa. 

Según el portavoz, los hallazgos preliminares muestran que algunos programas han sido utilizados de manera indebida. En esa línea, delcaró: “En un caso, las escuelas públicas de Nueva York utilizaron fondos de Adquisición del Idioma Inglés para promover organizaciones de defensa de los inmigrantes indocumentados. En otro, el estado de Washington utilizó fondos para dirigir a inmigrantes indocumentados hacia becas destinadas a estudiantes estadounidenses”.

Los estados demandantes

Los estados demandantes son Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin, Kentucky, Pensilvania y el Distrito de Columbia.

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