El sindicato mayoritario de los trabajadores federales lleva las ofertas de Trump a los tribunales

La Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE), el mayor sindicato de empleados del Gobierno federal demandó a la Administración Trump para bloquear las ofertas de renuncia a los empleados, al considerar que se trata de "un ultimátum arbitrario, ilegal y de corta duración que los trabajadores pueden no ser capaces de hacer cumplir". Además, 12 fiscales demócratas, liderados por Letitia James, advirtieron a los trabajadores de que se trata de una propuesta "engañosa".

La denuncia, dirigida contra la Oficina de Gestión de Personal (OPM), asegura que la agencia violó la Ley de Procedimientos Administrativos al lanzar rápidamente una oferta para la que actualmente no tienen fondos y han ofrecido orientación contradictoria sobre los procedimientos a seguir:

"La Directiva es arbitraria y caprichosa en numerosos aspectos, entre ellos que la Directiva: (1) no tiene en cuenta las posibles consecuencias adversas de la Directiva proporcionada a millones de empleados federales para el funcionamiento continuo del gobierno; (2) ofrece información contradictoria sobre los derechos y obligaciones de los empleados si aceptan la oferta del gobierno; (3) va en contra de las normas y requisitos de larga data para los empleados federales; (4) es contraria a las prácticas razonadas de reestructuración del gobierno, (5) ignora la historia y las prácticas en torno a la reducción efectiva de la fuerza de trabajo, (6) establece un plazo arbitrariamente corto; y (7) es un pretexto para eliminar y reemplazar a los trabajadores del gobierno sobre una base ideológica".

Además, la AGFE cuestiona también la parte económica de la propuesta, puesto que la Administración enfrenta varios problemas en este campo. En primer lugar, porque afecta a un periodo que sobrepasa el actual plan de financiación gubernamental, que sólo llega hasta marzo. Asimismo, la demanda considera que la iniciativa puede violar la Ley Antideficiencia, que prohíbe al gobierno gastar más de lo que dicta su presupuesto y le obliga a utilizar los fondos federales según lo previsto.

Los fiscales progres, de nuevo a la cabeza de la guerrilla demócrata contra Trump

Algo que los fiscales progres también apuntan en su comunicado conjunto. En el documento, James destacó  que "los beneficios promocionados como parte del programa de 'renuncia diferida' que se está ofreciendo a casi todos los empleados federales a tiempo completo pueden no estar asegurados". 

"Las supuestas ofertas de compra del presidente Trump no son más que el último ataque a los trabajadores federales y a los servicios que prestan. Estas supuestas ofertas no están garantizadas. Los empleados federales deben ser cautelosos y seguir la orientación de sus sindicatos para proteger sus derechos. Atacar a nuestra fuerza de trabajo federal solo causará más caos y confusión para los estadounidenses, y disminuirá la calidad de los servicios que brinda nuestro gobierno". Seguiremos luchando contra cualquier intento de poner en peligro el apoyo federal y los programas de los que dependen los residentes de nuestros estados".

"Un ataque dirigido a desmantelar nuestra fuerza de trabajo federal"

Su colega en Arizona, la también demócrata Kris Mayes, fue un paso más allá y denunció que la propuesta es "absolutamente poco fiable". También habló en tono beligerante Rob Bonta el fiscal general de California, señalando que se trata de "un ataque dirigido a desmantelar nuestra fuerza de trabajo federal y sembrar el caos para los estadounidenses que dependen de un gobierno que funcione". Desde Michigan, Dana Nessel, instó a los trabajadores a "leer la letra pequeña antes de firmar" y les invitó a seguir las instrucciones de sus sindicatos.

"Trump permitió que un multimillonario no electo y sin autoridad constitucional intimide a los funcionarios"

Por supuesto, no podían faltar las referencias al considerado el cerebro de este movimiento, Elon Musk. De ello se encargó el fiscal general de Nueva Jersey, el demócrata Matthew Platkin:

"El presidente Trump ha permitido que un multimillonario no electo y sin autoridad constitucional intimide a los funcionarios que mantienen nuestro gobierno en funcionamiento en un intento de expulsarlos de sus puestos de trabajo".