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Un juez federal bloquea la aplicación del Título 42 por ser una medida "arbitraria y caprichosa"

"Nunca se trató de la salud pública... Este fallo pone fin a la farsa para impedir que los solicitantes de asilo desesperados incluso obtengan una audiencia", señaló el abogado Lee Gelernt.

El costo de la inmigración ilegal: más de $150.000 millones anuales pagados por los contribuyentes

Un juez federal bloquea la aplicación del Título 42 por ser una medida "arbitraria y caprichosa"

Un juez federal bloqueó la aplicación del Título 42. Una controvertida norma de seguridad fronteriza que permitía la expulsión inmediata de cualquier inmigrante que tratara de entrar de forma ilegal al país por la frontera sur. La medida permitió a los funcionarios expulsar a más de 1 millón de personas sin ser entrevistados por un oficial de inmigración.

Esta regla de salud pública establecida bajo la Administración Trump es una de las restricciones implementadas para evitar la propagación del coronavirus, evitando el ingreso de personas contagiadas al país. Para abril del año 2022 -ya con la Administración Biden- se aprobó el fin de la política. Sin embargo, semanas después, un juez de Luisiana, falló a favor de mantenerla vigente de manera temporal.

Una medida "arbitraria y caprichosa"

En Washington, el juez Emmet Sullivan anuló este martes la medida. Además, la calificó de "arbitraria y caprichosa" en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo y sentenció que debe terminar de inmediato para familias y adultos. La regla no se aplicó a los niños que viajan sin compañía de un mayor.

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El juez aseguró que el Título 42 no cumplió con su propósito, debido a que el covid-19 ya se había extendido por varios estados del país. Según Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU):

El Título 42 nunca se trató de la salud pública, y este fallo finalmente pone fin a la farsa de usar el Título 42 para impedir que los solicitantes de asilo desesperados incluso obtengan una audiencia.

En cuestión de horas, el Departamento de Justicia (DOJ) solicitó al juez permitir que su orden entre en vigor el 21 de diciembre, presentando una moción para suspender la decisión por cinco semanas y así darle tiempo para "prepararse para una transición ordenada hacia las nuevas políticas en la frontera":

Seguimos trabajando con países de todo el Hemisferio Occidental para tomar acciones contra las redes de contrabandistas que tientan a los migrantes a realizar una travesía peligrosa y a menudo letal hacia nuestras fronteras terrestres y para atender las causas de origen de la migración irregular que amenazan a todo nuestro continente.
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