La Administración Biden potenció la labor del DHS como censor de las redes sociales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha marcado como uno de sus objetivos prioritarios la lucha contra el "terrorismo doméstico" y sus principales armas, la desinformación y las fake news. Documentos filtrados muestran que la Administración Biden ha incrementado notablemente la participación de la agencia en perseguir y censurar, mano a mano con las Big Tech, contenidos que considere "potencialmente peligrosos".

Tras proclamarse el final de "la Guerra contra el Terror", razón por la que fue creado por la Administración Bush en 2003, el Gobierno de Joe Biden está reorganizando -e incrementando- los recursos destinados al control de las redes sociales y los medios de comunicación. En 2021, los responsables convirtieron el grupo de trabajo de lucha contra la influencia extranjera por el equipo de lo que podríamos traducir por "desinformación y fake news". En inglés, se trata de tres conceptos: Misinformation (divulgar información falsa, sin saber que lo es), Disiformation (divulgar información falsa, sabiendo que lo es) y Malinformation (información contrastada, compartida normalmente fuera de contexto, con intención de hacer daño).

"Hacer frente a la polarización extrema"

Para reafirmar este compromiso, Jen Easterly, la directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) nombrada por Biden, dejó claro que invertiría recursos de la agencia para combatir las fake news y la desinformación en las redes sociales. Durante una conferencia, Easterly justificó esta postura: "Se podría argumentar que estamos en el negocio de las infraestructuras críticas, y la infraestructura más crítica es nuestra infraestructura cognitiva, por lo que construir esa resistencia a la desinformación y la desinformación, creo, es increíblemente importante".

En 2021, la Administración Biden publicó la primera Estrategia Nacional para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico. El fin del documento presenta una "prioridad más amplia: mejorar la fe en el gobierno y hacer frente a la polarización extrema, alimentada por una crisis de desinformación y desinformación a menudo canalizada a través de las plataformas de medios sociales, que puede separar a los estadounidenses y llevar a algunos a la violencia."

"Trabajando con el sector tecnológico"

Para ello, "estamos trabajando con gobiernos afines, la sociedad civil y el sector tecnológico para hacer frente al contenido terrorista y extremista violento en línea, incluso a través de colaboraciones de investigación innovadoras". Todo ello, justificado de nuevo al estar "abordando la crisis de la desinformación y la desinformación, a menudo canalizada a través de las plataformas de medios sociales y de otro tipo, que puede alimentar la polarización extrema y llevar a algunos individuos a la violencia."

El problema que ven los expertos es que la consideración de "desinformación" es algo demasiado subjetivo. Son los propios agentes los que deben tomar decisiones qué son "discursos peligrosos" con connotaciones políticas. Algo que desde el DHS justifican como necesario porque las amenazas terroristas pueden ser "exacerbadas por la desinformación y la desinformación difundidas en línea". Para Adam Goldstein, vicepresidente de investigación de FIRE: "Independientemente de sus lealtades políticas, todos tenemos buenas razones para preocuparnos por los esfuerzos del gobierno para presionar a las plataformas privadas de medios sociales para que adopten las decisiones preferidas por el gobierno sobre el contenido que podemos ver en línea".

Hunter Biden, covid, vacunas...

No es de extrañar que las complicaciones y presuntos abusos se generalizaran. Ejemplos claros son la censura reconocida de Facebook y Twitter a las noticias relacionadas con la información encontrada en el ordenador de Hunter Biden antes de las elecciones de 2020 tras presiones del FBI o la supervisión, edición y eliminación de contenidos discordantes con la versión oficial sobre el Covid 19. De hecho, "El DHS tiene previsto centrarse en la información inexacta sobre los orígenes de la pandemia de Covid y la eficacia de las vacunas de Covid, la justicia racial, la retirada de Estados Unidos de Afganistán y la naturaleza del apoyo estadounidense a Ucrania".

En el informe desvelado por The Intercept, se revela la existencia de un proceso oficial que los funcionarios del gobierno marquen el contenido en Facebook o Instagram y soliciten que se reduzca su visibilidad o incluso se suprima mediante un portal especial de Facebook que requiere un correo electrónico del gobierno o de las fuerzas del orden. En este caso, o en los correos con directivos de Twitter u otros medios, la agencia siempre incluía una coletilla asegurando que "no tiene ni busca la capacidad de eliminar o editar la información que se pone a disposición en las plataformas de medios sociales".

Demanda del fiscal de Missouri

El pasado año, el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, presentó una demanda contra lo que él considera un esfuerzo generalizado del gobierno de Biden por presionar a las Big Tech para que censuren o editen ciertos contenidos que aparecen en sus plataformas. En la denuncia se centra especialmente en el esfuerzo de la Administración por censurar ciertas historias, especialmente las relacionadas con la pandemia. Además, incluye a múltiples agencias del gobierno que han participado en los esfuerzos para controlar la expresión y la "colusión abierta" entre la administración y las empresas de medios sociales.

Algo que corrobora Jonathan Turley, profesor de Derecho de la Universidad George Washington: "Cada vez hay más pruebas de que los funcionarios del poder legislativo y ejecutivo están utilizando a las empresas de medios sociales para ejercer la censura por sustitución. Es axiomático que el gobierno no puede hacer indirectamente lo que tiene prohibido hacer directamente. Si los funcionarios del gobierno están dirigiendo o facilitando esa censura, plantea serias cuestiones de la Primera Enmienda".

¿Es legal vigilar a ciudadanos sin orden judicial?

Además, existe otra duda sobre la legalidad del monitoreo por parte de la agencia de las redes sociales de los ciudadanos y empresas: La Ley de Privacidad de 1974, promulgada tras el escándalo del Watergate. Esta norma limita la recopilación por parte del gobierno sobre los ciudadanos. Grupos en defensa de las libertades civiles la han esgrimido subrayando que las actuaciones de DHS y demás agencias vulneran este principio. El estatuto, sin embargo, mantiene exenciones para la información recopilada a efectos de una investigación penal o policial.

Según Faiza Patel, directora del programa de libertad y seguridad nacional del Centro Brennan para la Justicia, "no hay restricciones legales específicas para el uso de las redes sociales por parte del FBI. Las directrices del fiscal general permiten a los agentes examinar las redes sociales antes de que haya una investigación. Así que es una especie de salvaje oeste ahí fuera". Una situación que ha hecho que un agente del FBI encargado de esta materia haya confesado a The Intercept: "Hombre, ya ni siquiera sé lo que es legal", lamentando la ausencia de órdenes judiciales para vigilar a ciudadanos estadounidenses.

Aunque la Administración Biden es quien ha ampliado esta función, la colaboración entre el gobierno y las Big Tech viene de los primeros momentos de la creación del DHS. Entonces consiguieron su colaboración para monitorizar cuentas vinculadas al ISIS. Los primeros movimientos para vigilar el "terrorismo doméstico" llegaron en 2018, tras los ciberataques a infraestructuras fundamentales de Estados Unidos.