A un año del inicio de la Operación Lanza del Sur, las cifras demuestran su éxito
Un funcionario estadounidense informó a Voz Media que la actividad marítima ilícita ha disminuido un 65 % en el Caribe occidental, un 60 % en el Caribe oriental y cerca de un 50 % en zonas clave del Pacífico oriental, con resultados contundentes en la lucha contra los cárteles.

Logo del Departamento de Guerra/ Mandel Ngan
Un año después del lanzamiento de la Operación Southern Spear, las cifras son claras: la drástica disminución de las actividades marítimas ilícitas demuestra el éxito del enfoque militar más agresivo adoptado por esta administración frente a la amenaza de los cárteles. Un funcionario americano informó a Voz Media que la actividad marítima ilícita ha disminuido un 65 % en el Caribe occidental, un 60 % en el Caribe oriental y cerca de un 50 % en zonas clave del Pacífico oriental, con resultados contundentes en la lucha contra las redes de los cárteles.
El presidente Donald Trump ordenó desarrollar una estrategia para defender el territorio estadounidense frente a la amenaza de los cárteles mediante el uso de fuerza militar directa. El Departamento de Guerra ejecutó el primer plan de este tipo en la historia. Los resultados han sido notables, incluida la mayor y más drástica reducción de bajas estadounidenses causadas por los cárteles en la historia del país.
Lanzada en septiembre de 2025, Southern Spear es una campaña militar estadounidense de gran escala contra el narcoterrorismo, destinada a desarticular las redes de los cárteles y proteger el territorio americano. El esfuerzo también ha ayudado a sentar las bases para una coalición hemisférica más amplia contra los cárteles: la Coalición Estadounidense contra los Cárteles, o ACCC, una alianza militar de países comprometidos a enfrentar esta amenaza mediante el uso de poder militar.
Pero la importancia de estas reducciones va mucho más allá de las cifras. “Esas cifras importan porque cada ruta disputada, cada corredor bloqueado y cada red debilitada hace que sea más difícil, más costoso y más peligroso para los narcoterroristas transportar su veneno hacia los Estados Unidos de América”, afirmó el funcionario. Agregó que los resultados demuestran lo que puede ocurrir “cuando el poder militar estadounidense se aplica con determinación y en línea con la visión del presidente Trump”.
Este enfoque refleja también un cambio más amplio en la manera en que la Administración Trump ha definido la amenaza de los cárteles. La Administración ha dejado claro que no se trata simplemente de un problema de drogas, sino de una crisis de seguridad nacional y terrorismo que ya ha provocado más muertes de estadounidenses que cualquier otro adversario en los últimos años. El daño va mucho más allá de la propagación mortal del fentanilo, clasificado como un arma de destrucción masiva, y alcanza también la violencia que estas organizaciones exportan a las comunidades estadounidenses. Los asesinatos relacionados con pandillas, los asesinatos selectivos, el derramamiento de sangre, la extorsión y los robos a mano armada forman parte de la misma infraestructura criminal transnacional que opera en todo el hemisferio occidental. Esa realidad ha llevado a la administración a dejar atrás la tradicional guerra contra las drogas y enfrentar a los cárteles como las sofisticadas organizaciones terroristas en las que se han convertido.
Por primera vez, la administración Trump está tratando a estas organizaciones y a sus aliados y colaboradores en todos los niveles de la cadena criminal como parte de un continuo más amplio de actividad terrorista para el cual podría ser necesaria la fuerza cinética, afirmó el funcionario. Las herramientas tradicionales de aplicación de la ley, argumentó, son insuficientes frente a grupos que controlan territorios físicos, influyen en los resultados judiciales y políticos, operan al margen del sistema legal y mantienen fuerzas armadas en México, Centroamérica y Sudamérica. Cuando sus intereses se ven amenazados, estas organizaciones recurren a la violencia letal sin vacilación, lo que las diferencia fundamentalmente de los grupos criminales que pueden ser enfrentados mediante los métodos convencionales de aplicación de la ley.
La ACCC constituye una pieza clave de esta estrategia más amplia. El funcionario destacó su función militar, describiendola como “el brazo militar del Escudo de las Américas” y explicando que “la A Triple-C es la coalición militar formal de Estados que se han comprometido a utilizar el poder duro, el poder militar, para combatir a este enemigo de la civilización”.
Más allá de la lucha inmediata contra las redes de los cárteles, la estrategia de la Administración busca enviar un mensaje claro: Estados Unidos está dispuesto a utilizar fuerza letal cuando sea necesario para proteger sus intereses fundamentales. El funcionario dijo que las acciones emprendidas bajo el liderazgo del presidente Trump han tenido “un enorme efecto disuasorio”, demostrando que Washington ya no permite que burócratas extranjeros determinen cuándo y cómo puede defenderse Estados Unidos. En cambio, la Administración está tomando decisiones basadas en lo que el funcionario describió como “nuestro propio interés” y en evaluaciones directas de las necesidades de seguridad de la nación. El mensaje es claro: Estados Unidos está preparado para utilizar su poder militar de manera decisiva, y sus adversarios entienden que la amenaza de la fuerza letal ya no es meramente teórica.
Pero ¿cómo luce, en última instancia, la victoria? El funcionario afirmó que el objetivo de esta Administración va mucho más allá de interrumpir cargamentos individuales de droga. Definió la victoria como el momento en que “todo el territorio de nuestros países socios esté bajo el control de los gobiernos de esos países”, en lugar de estar bajo el control de organizaciones criminales. Eso significa que Colombia controle el territorio colombiano, que Ecuador controle el territorio ecuatoriano y que Venezuela controle el territorio venezolano, con el mismo objetivo extendido a todos los países del hemisferio occidental. El funcionario enfatizó que el propósito más amplio es proteger a Estados Unidos y agregó que el presidente Trump “dejó claro que podemos y vamos a atacar donde sea necesario”.
Ese objetivo requiere despojar a las organizaciones criminales del territorio y de las capacidades militares que les permiten operar como fuerzas armadas y proyectar su poder más allá de las fronteras. Al citar una de las principales lecciones de la guerra contra el terrorismo, el funcionario afirmó que “hay que privar al adversario del territorio”. El éxito, por lo tanto, significa que estas organizaciones ya no puedan levantar ejércitos, controlar territorios, dominar el comercio, exportar violencia hacia las comunidades estadounidenses o matar estadounidenses mediante el tráfico de drogas hacia el país. “Siempre habrá delincuencia”, reconoció, pero la Administración está enfrentando algo mucho más poderoso: organizaciones capaces de ejercer control territorial y político y proyectar ese poder hacia Estados Unidos.
Después de un año, la Operación Southern Spear representa un cambio decisivo en la manera en que Estados Unidos enfrenta la amenaza de los cárteles: no como un problema convencional de drogas, sino como una amenaza a la seguridad nacional que requiere poder militar, la desarticulación de redes terroristas y la eliminación de su capacidad para controlar territorios y proyectar violencia. La Administración Trump ha dejado claro que está dispuesta a utilizar fuerza letal para defender los intereses estadounidenses y ha instado a los gobiernos de todo el hemisferio a hacer lo mismo. El mensaje es inequívoco: bajo esta Administración, el hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los cárteles del narcotráfico.
Y los resultados son difíciles de ignorar: una reducción del 60 % en la actividad marítima ilícita en tan solo un año constituye una medida extraordinariamente clara del éxito de la operación y de lo que puede ocurrir cuando Estados Unidos decide enfrentar la amenaza de los cárteles con una fuerza militar sostenida, en lugar de tratarla como un problema convencional de aplicación de la ley.