El escándalo que sacude a la CIDH: acusan a su vicepresidenta de corrupción y conflicto de intereses

Andrea Pochak, vicepresidenta primera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue denunciada penalmente en Argentina por presuntos delitos de corrupción, abuso de autoridad, prevaricato y administración fraudulenta. La denuncia cuestiona si actuó de manera imparcial en un caso contra el Estado argentino mientras ocupaba un cargo en ese Gobierno. La CIDH es el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover y proteger los derechos humanos en las Américas. 

La denuncia fue presentada por el abogado Iván Szoke Urquiza ante el juez federal Julián Ercolini, por los supuestos delitos cometidos por Pochak durante su paso por el Gobierno del expresidente argentino Alberto Fernández. La presentación pide investigar a Pochak por presuntos delitos que incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, prevaricato, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

El caso gira principalmente alrededor de una exjueza argentina, Marta Susana Catella, y de una disputa que llegó hasta la CIDH. La exjueza, que fue destituida en febrero de 2006 tras un juicio político en la provincia de Misiones, sostiene que el proceso que terminó con su destitución violó sus derechos y no le permitió defenderse con las garantías necesarias. 

El Gobierno argentino rechaza esas acusaciones y sostiene que Catella pudo ejercer su defensa y recurrir las decisiones ante la Justicia. En marzo, la CIDH celebró una audiencia sobre el caso el 12 de marzo de 2026, en la que participaron representantes de Catella y del Estado argentino.

¿Por qué acusan a Pochak? 

La denuncia sostiene que Pochak pudo haber incurrido en un conflicto de intereses durante su paso por el Gobierno argentino. El argumento central es que, antes de ser funcionaria, Pochak había sido directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que acompañaba a la exjueza Catella en su reclamo ante la CIDH. 

Años después, entre 2019 y 2023, Pochak ocupó un cargo en el Gobierno argentino del presidente Fernández, desde el que se gestionaba la defensa del Estado ante organismos internacionales, precisamente de casos como el de Catella. 

Los denunciantes sostienen que, por su vínculo previo con la organización que acompañaba a Catella, Pochak debió apartarse del caso cuando pasó a trabajar para el Gobierno. La acusación apunta a que, en lugar de defender adecuadamente los intereses del Estado argentino frente al reclamo de Catella, habría omitido información que podía favorecer la posición argentina ante la CIDH. Entre los cuestionamientos aparece la supuesta falta de envío de unos 30 kilos de expedientes y documentación relacionados con el caso.

Pochak rechaza las acusaciones y sostiene que nunca intervino en el caso Catella como representante del Estado mientras fue funcionaria. "Jamás intervine, como representante del Estado argentino, en ningún caso en el que previamente intervine como peticionaria. Fui muy cuidadosa en evitar cualquier conflicto de intereses", escribió en X luego de que se conocieran las acusaciones. 

"Se refieren a varios casos, en los que nunca intervine como peticionaria. También aducen que omití incluir el 'caso Catella' en un escrito de excusaciones, pero nunca intervine como representante del Estado en ese asunto. No incurrí en ningún conflicto de intereses", añadió. 

Durante una audiencia pública de la CIDH celebrada en marzo de 2026, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, Joaquín Mogaburu, cuestionó la actuación de la gestión anterior en el 'caso Catella'. Según publicó el diario argentino Clarín, sostuvo que Argentina había permanecido durante años en una situación de “absoluta indefensión” frente al reclamo de la exjueza, salpicando el trabajo de Pochak. 

¿Qué podría pasar con Pochak?

Si la Justicia argentina determina que Pochak es culpable de los delitos, el caso podría tener consecuencias penales para la funcionaria. 

A su vez, dentro de la CIDH podría abrirse un cuestionamiento sobre su imparcialidad y el ejercicio de su cargo, cuyo mandato se extiende hasta diciembre de 2027.