Cuatro hombres condenados en Florida por conspirar en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021

Cuatro hombres fueron declarados culpables este viernes por un jurado federal en Miami por su rol en el complot que en julio de 2021 derivó en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, un crimen que precipitó al país caribeño hacia una espiral de violencia, vacío institucional y dominio territorial de pandillas armadas que persiste hasta hoy.

Los veredictos recayeron sobre Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, quienes podrían pasar el resto de sus vidas en prisión. Los cargos incluyen conspiración para asesinar o secuestrar a un mandatario extranjero, provisión de apoyo material a la trama y vulneración de una vieja norma estadounidense que prohíbe a ciudadanos o residentes promover desde su territorio operaciones violentas contra gobiernos con los que Washington no está en guerra.

El caso puso en evidencia que el complot no se planificó solamente en Puerto Príncipe sino también en el área metropolitana de Miami. Allí operaban dos firmas que la fiscalía identificó como engranajes financieros y logísticos del plan, la primera una empresa de seguridad privada conocida por sus siglas CTU, vinculada a Pretel Ortiz e Intriago, y la segunda una financiera llamada Worldwide Capital Lending Group, donde Veintemilla tenía rol directivo. Solages oficiaba como representante de CTU sobre el terreno haitiano.

Para los fiscales, la motivación de los acusados no fue puramente política. El Estado sostuvo durante el juicio es que los conspiradores aspiraban a colocar en el sillón presidencial a una figura manejable para ellos —en una etapa inicial, el médico Christian Sanon, con doble nacionalidad haitiana y estadounidense— para luego capitalizar contratos, influencia y posiciones en el aparato del Estado. Sanon será juzgado más adelante, en un proceso aparte.

La principal testigo

El relato más duro del juicio, iniciado en marzo, lo aportó Martine Moïse, viuda del presidente y sobreviviente del ataque. Herida aquella noche y evacuada después a Estados Unidos, declaró ante el tribunal con la asistencia de una intérprete de creole. Durante su testimonio, describió el momento en que los disparos la despertaron y la respuesta que recibió de su esposo cuando le preguntó qué ocurría: “Estamos muertos”. El operativo lo ejecutó un grupo de aproximadamente dos decenas de mercenarios extranjeros, mayoritariamente exmilitares colombianos, que irrumpieron en la residencia oficial.

En la sala, los abogados de los acusados intentaron demoler la narrativa de los fiscales. Principalmente, sostuvieron que la investigación estuvo plagada de fallos y que sus representados fueron utilizados como fusibles de una operación interna haitiana. Insistieron en que los cuatro creyeron actuar bajo cobertura legal, amparándose bajo una supuesta orden judicial firmada en Haití, y que entendían su misión como un acto de liberación frente a un presidente que, a su juicio, ya había agotado su tiempo en el cargo.

Sin embargo, la defensa no logró convencer al jurado.

La condena de Miami se suma a otras cinco declaraciones de culpabilidad previas en tribunales estadounidenses, todas con sentencias de cadena perpetua. En Haití, en cambio, el avance judicial es casi inexistente: una veintena de imputados, entre ellos 17 exsoldados colombianos, esperan resolución mientras el sistema de justicia local pelea por sobrevivir al asedio de las bandas y al colapso institucional que el propio magnicidio ayudó a desatar.