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Guatemala redefine su Justicia: la fiscal general sancionada por EEUU y la UE queda fuera de la reelección

La figura de Consuelo Porras también ha sido asociada por críticos al denominado "pacto de corruptos", una red político-empresarial señalada de influir en las instituciones del país.

(Archivo) Fiscal general de Guatemala Maria Consuelo Porras

(Archivo) Fiscal general de Guatemala Maria Consuelo PorrasAFP

Diane Hernández
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En la capital de Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Washington y la Unión Europea por señalamientos de corrupción y conductas antidemocráticas, quedó excluida del proceso para un tercer mandato, marcando un punto de inflexión en la política judicial del país.

¿Quién es Consuelo Porras?

Porras, de 72 años, ocupa el cargo desde 2018 tras ser designada durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Durante su gestión, ha sido acusada por diversos sectores de no investigar casos de corrupción vinculados a dichas administraciones.

Además, organismos internacionales como la ONU han señalado su presunta vinculación con adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas en la década de 1980, durante el conflicto armado interno guatemalteco.

Su figura también ha sido asociada por críticos al denominado "pacto de corruptos", una red político-empresarial señalada de influir en las instituciones del país.

Proceso de selección y exclusión

La comisión evaluadora encargada de proponer candidatos para fiscal general excluyó a Porras de la lista final de seis aspirantes, pese a que encabezaba un ranking basado en méritos académicos y experiencia profesional. Este listado será remitido al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá designar al nuevo titular del Ministerio Público para el periodo que inicia el 17 de mayo.

Arévalo ya había manifestado públicamente su rechazo a la continuidad de Porras, calificándola como "peligrosa" para el país.

Analistas consideran que la fiscal buscaba un tercer mandato para mantener inmunidad frente a posibles procesos legales, luego de no lograr ser electa magistrada constitucional en intentos previos.

Impacto político e institucional

La salida de Porras es vista por activistas y juristas como una oportunidad para desmantelar estructuras de corrupción dentro del sistema judicial, consideradas un factor de debilitamiento de la democracia guatemalteca, explicó la AFP. 

​Durante su gestión, la fiscalía impulsó procesos contra exfiscales anticorrupción, jueces, periodistas y líderes indígenas, muchos de los cuales terminaron en el exilio. Entre ellos destaca Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido en 2021.

Controversias en la lista final

El proceso no está exento de cuestionamientos. Organizaciones sociales han señalado a varios de los candidatos seleccionados por presuntos vínculos con actos ilícitos o estructuras corruptas, acusaciones que los implicados rechazan.

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Paredes, defendió la nómina asegurando que refleja excelencia profesional y compromiso con la justicia.

La Presidencia indicó que el mandatario está a la espera de recibir oficialmente la lista para iniciar la evaluación de los perfiles. No se descarta que puedan presentarse impugnaciones contra la exclusión de Porras, lo que podría prolongar el proceso.

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