EEUU presenta una demanda para confiscar un avión que violó sanciones y favoreció al régimen de Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes una demanda para confiscar un avión Dassault Falcon 900 EX, alegando que fue adquirido de forma ilegal y utilizado por el régimen de Nicolás Maduro, en violación de las sanciones estadounidenses. Según la denuncia, la aeronave, identificada como T7-ESPRT, fue contrabandeada desde Estados Unidos y empleada para beneficio del dictador venezolano.

Según la denuncia, la aeronave fue adquirida en enero de 2023 por una empresa de San Vicente y las Granadinas, que actuó como propietaria nominal para ocultar su vínculo con Maduro. Los fondos de la compra fueron transferidos desde múltiples países, incluidos Malasia y Emiratos Árabes Unidos, en dólares y euros. En abril de 2023, el avión fue trasladado a Venezuela, operado por miembros de la Guardia de Honor Presidencial y utilizado por Maduro en viajes oficiales, incluido un intercambio de prisioneros con EEUU en diciembre de 2023.

Incautación en la República Dominicana

En marzo de 2024, la aeronave fue llevada a República Dominicana para mantenimiento, donde se ocultó su vínculo con el régimen venezolano. En mayo de 2024, personal militar venezolano intentó recuperarla sin éxito. Ante estos intentos, Estados Unidos obtuvo una orden de incautación y solicitó su transferencia. El 2 de septiembre de 2024, el avión fue trasladado a Estados Unidos. Ese mismo día, Maduro admitió que había utilizado la aeronave.

Otro avión incautado

Un segundo Dassault Falcon, propiedad bloqueada de PDVSA y mantenido en violación de sanciones, fue incautado en República Dominicana el 6 de febrero de 2025 a solicitud de EEUU.

Investigación y cooperación internacional

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, lidera la investigación. La colaboración con República Dominicana fue clave para la incautación de las aeronaves, en el marco de las sanciones impuestas por EEUU para frenar la corrupción y la represión del régimen de Maduro.