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Daniel Ortega prohíbe la orden jesuita en Nicaragua

La Compañía de Jesús protestó la clausura, tildándola de ilegal, y aseguró que la embestida es un paso más en la marcha del sandinismo hacia un régimen totalitario.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto con su mujer, Rosario Murillo, en la ceremonia de investidura de un nuevo mandato presidencial en Managua el 10 de febrero de 2022 (foto de archivo).

Daniel Ortega / Cordon Press

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El Gobierno de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua. La orden, compartida en el diario oficial el miércoles, detalla que también se confiscarán los bienes de la asociación, que pasarán a las arcas del Estado.

El régimen de Daniel Ortega acusa a la orden jesuita de quebrar la ley al no renovar su junta directiva desde hace cuatro años y no reportar estados financieros para los períodos fiscales de 2020, 2021 y 2022. Esto último, de acuerdo con el Gobierno:

Al no reportar sus estados financieros períodos fiscales 2020, 2021 y 2022, y su Junta Directiva, obstaculiza el control y vigilancia de esa Dirección, no promoviendo políticas de transparencia en la administración y manejo de la Asociación, desconociendo el entre regulador las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos son acorde a sus objetivos y fines

La disposición fue emitida por la ministra de Gobernación de la República, María Amelia Coronel Kinloch.

Respuesta jesuita

Desde la Compañía de Jesús condenaron "esta nueva agresión en contra de los jesuitas de Nicaragua". Aseguraron, además, que es un paso más en la marcha de Ortega hacia un régimen totalitario.

También señalaron que no se cumplieron los requisitos legales para procedimientos semejantes. No tuvieron oportunidad para defenderse y tampoco existió una instancia ante un juez imparcial. Nada nuevo en Nicaragua: hubo tres mil casos de cancelación de personería jurídica en condiciones irregulares desde 2018, aseguraron en el comunicado.

Tras conocer la noticia, la congresista republicana María Elvira Salazar aseguró que trabajaría para añadir al partido de gobierno nicaragüense en la lista anual de Entidades de Especial Preocupación.

Si se cumple su promesa, el secretario de Estado catalogaría al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como un agente no estatal que "cometió violaciones especialmente graves de la libertad religiosa". Compartiría filas con grupos como Boko Haram, Isis, los talibanes y el grupo Wagner.

La designación sería un ataque más directo al régimen Ortega-Murillo, ya que el país se encuentra en el listado de Países de Especial Preocupación del año pasado:

Birmania, República Popular China, Cuba, Eritrea, Irán, República Popular Democrática de Corea, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Tayikistán y Turkmenistán.

Una estocada más al catolicismo

A mediados de agosto, Ortega había dado un primer golpe a la orden del Papa al confiscarle la Universidad Centroamericana (UCA). Y este tampoco fue el primero en lo que va del año: el dictador prohibió las procesiones, suspendió las relaciones institucionales con el Vaticano y congeló las cuentas bancarias de la Iglesia católica tras acusarla de lavado de dinero.

Asimismo, apresó a varios religiosos como al obispo Rolando Álvarez, a tres sacerdotes y a dos seminaristas.

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