Nicaragua: Daniel Ortega confisca los bienes de la Universidad Centroamericana y la acusa de "terrorismo"

Daniel Ortega sigue ensañándose y reprimiendo a la Iglesia católica. Esta vez, el dictador nicaragüense acusó de "terrorismo" a la Universidad Centroamericana (UCA), un centro de estudios superiores regentado por los jesuitas, además de confiscar sus propiedades, incluyendo sus inmuebles y su dinero.

A través de un comunicado, la UCA asegura que el régimen sandinista le culpa de "haber traicionado la confianza del pueblo nicaragüense" y de "haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país". Además, el centro educativo añade que esta agresión está vinculada al hecho de haber acogido a opositores durante las protestas ocurridas hace cinco años:

"Una política orientada a consolidar un Estado totalitario"

La UCA -en la que estudiaron al menos tres hijos de Ortega e, incluso, el propio dictador cursó medio año, según Infobae- continuó denunciando que "se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario", aparte de que "es necesario e imprescindible que se le permita a nuestra Universidad ejercer su derecho irrenunciable a la legítima defensa en contra de dichas acusaciones".

Debido a ello, el centro exige que "sea inmediatamente revertida y corregida la drástica, inesperada e injusta medida adoptada por el órgano judicial", "cese la creciente agresión gubernamental en contra de la Universidad y sus integrantes" y "se busque una solución nacional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra".

Es la última muestra que refleja la persecución anticatólica de Daniel Ortega. En menos de un año, el dictador nicaragüense ha prohibido las procesiones, suspendió sus relaciones institucionales con el Vaticano y congeló las cuentas bancarias de la Iglesia católica tras acusarla de lavado de dinero. También apresó, en menos de seis meses, a varios miembros de la Iglesia católica como al obispo Rolando Álvarez, a tres sacerdotes y a dos seminaristas.