Los fiscales generales de 22 estados denuncian que las autoridades federales perdieron el rastro de más de 85.000 niños en la frontera

Los fiscales de al menos 22 estados denunciaron que informes que han revisado contabilizan más 85.000 niños de los que se perdió el rastro en la frontera en los últimos dos años. Enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al Secretario de Salud y Servicios Humanos y al director del FBI.

Los firmantes son los fiscales generales de Iowa, Mississippi, Utah, Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Texas, Virginia y West Virginia.

En la misiva, explicaron que muchos de esos niños se han visto obligados a trabajar en el mercado laboral, donde trabajan jornadas extenuantes en condiciones peligrosas o son víctimas del tráfico sexual.

"El senador Chuck Grassley reconoció este problema y pidió al Departamento de Seguridad Nacional un plan hace más de tres meses, pero no se ha presentado ninguno", explicaron los fiscales.

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"Los padres envían solos a sus hijos a Estados Unidos en busca de una vida mejor"

De igual manera, los fiscales detallaron que revisaron un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos en la que se reconoció la crisis fronteriza y los problemas que tuvieron las autoridades para identificar a los menores en la frontera. En ese sentido, también insistieron en que debe existir un plan para hacer frente a la problemática y proteger a esos niños vulnerables.

"El informe explica que más de uno de cada cinco niños no se sometió a tiempo a los controles de seguridad exigidos por los patrocinadores. En más de un tercio de los casos, los documentos de identidad presentados por los patrocinadores planteaban problemas", resaltaron los fiscales.

Los fiscales indicaron que "los padres envían solos a sus hijos a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Algunos vienen huyendo de la guerra, otros de las bandas o la violencia. Por ley, el Departamento de Salud y Servicios Humanos es responsable de mantener a salvo a estos niños cuando llegan. Esa responsabilidad incluye reunir a los niños con su familia o colocarlos con un patrocinador que los proteja de la trata y la explotación".

Finalmente, los fiscales hicieron seis preguntas que le pidieron al secretario Mayorkas responder antes del 1 de mayo de 2024. Dentro de ellas, destacan: ¿Dónde se vio por última vez a los 85.000 niños desaparecidos? ¿Qué esfuerzos se están para localizarlos?; ¿Qué porcentaje de niños inmigrantes acaban con sus padres cuando entran en el país?