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La Administración Biden no podrá obligar a los centros de salud católicos a realizar cirugías de reasignación de sexo

Por "razones de libertad religiosa" varias organizaciones ganaron una demanda sobre una ley en la que el Departamento de Salud podía obligarlos a realizar los procedimientos.

LGBTQ+ transgénero, gays

(Pexels)

La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito dictaminó que por "razones de libertad religiosa" la Administración Biden no podrá obligar a las organizaciones y profesionales de la salud católicos a realizar cirugías de reasignación de género. Según FSSPX. Noticias:

El tribunal de apelaciones se adhirió a la decisión del tribunal de primera instancia, según la cual la intrusión en el libre ejercicio de la religión de los demandantes católicos era suficiente para demostrar un "daño irreparable".

Fin de una batalla legal

La decisión de la corte pone fin a una larga batalla legal derivada de una regla creada durante la Administración Obama en 2016. En esa norma -que sufrió cambios el año pasado- el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) podía obligar a los hospitales y médicos a realizar cirugías de transición de género e incluso se contemplaba también incluir el aborto como uno de los procedimientos obligatorios.

El HHS argumentaba que la Sección 1557 de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio -que prohíbe la discriminación sexual- debería aplicarse a los grupos católicos.

Las organizaciones Religious Sisters of Mercy, Catholic Benefits Association, la Catholic Medical Association, la diócesis de Fargo y Catholic Charities de Dakota del Norte, representados por Becket Fund for Religious Liberty alegaron que el decreto los obligaba a pagar seguros y realizar operaciones de transición de género y abortos, "en contra de su conciencia".

Además, afirmaron "que los procedimientos de transición de género violan su juicio médico al causar daño potencial a los pacientes". Y de ser aplicada esa norma se "violaría sus creencias sobre la sexualidad humana y la procreación, al igual que proporcionar un seguro a los empleados para dichos procedimientos".

Según Luke Goodrich, vicepresidente y asesor principal del grupo, "el intento del gobierno de obligar a los médicos a ir en contra de su conciencia es malo para los pacientes, malo para los médicos y malo para la libertad religiosa":

Esta es una decisión de sentido común que protege a los pacientes, se alinea con las mejores prácticas médicas y garantiza que los médicos puedan cumplir con su juramento hipocrático de 'no hacer daño'.
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