Estabilidad sin legitimidad en Venezuela: por qué el actual plan de transición no se sostendrá

La premisa central del enfoque de la actual administración estadounidense sobre Venezuela es que la estabilidad puede lograrse manteniendo el liderazgo del antiguo régimen mientras se pospone el traspaso de la autoridad legítima. Las transiciones políticas no fracasan porque la legitimidad llegue demasiado rápido; fracasan cuando quienes todavía controlan el Estado saben que su tiempo es limitado y actúan en consecuencia. Ahora se pide a Venezuela que ponga a prueba esta teoría en condiciones en las que los incentivos apuntan decisivamente hacia la inestabilidad.

La administración ha declarado que Estados Unidos ejerce ahora una influencia decisiva sobre la transición política venezolana y que Delcy Rodríguez -la más estrecha colaboradora de Nicolás Maduro- seguirá las instrucciones de Washington. Las prioridades declaradas son claras y secuenciales: estabilizar la economía, reparar las infraestructuras y, finalmente, celebrar nuevas elecciones.

Al mismo tiempo, la administración ha dejado igualmente claro que María Corina Machado, la figura opositora más popular del país y símbolo central de la legitimidad democrática, no desempeñará ningún papel en la transición. Por el contrario, Rodríguez permanecerá en el poder hasta que se cumplan estos objetivos.

Entre los venezolanos, esta estrategia inspira más confusión que confianza. Existe un amplio agradecimiento por las acciones de Estados Unidos que ayudaron a poner fin al gobierno de Maduro. Pero hay poca creencia en que una transición anclada en la autoridad continuada del círculo íntimo del régimen pueda ofrecer orden, responsabilidad o confianza a los inversores.

El argumento esgrimido por funcionarios estadounidenses es que conservar elementos del aparato chavista es necesario para preservar la estabilidad y la continuidad administrativa. Ese argumento no tiene en cuenta cómo cambian los incentivos una vez que las elecciones se vuelven inevitables. A medida que se acerca la perspectiva de una derrota electoral, los funcionarios que permanecen en el poder pero carecen de futuro en el sistema se enfrentan a un cálculo claro: extraer lo que se pueda extraer y preparar una salida.

La historia ofrece pocas razones para esperar moderación en tales condiciones.Los periodos de fin de régimen suelen caracterizarse por una acelerada fuga de capitales, parálisis en el seno de las instituciones estatales y desvío a gran escala de activos públicos. Las expectativas de que el orden se mantendrá simplemente porque hay elecciones programadas no son creíbles cuando los encargados de mantener el orden saben que es poco probable que sobrevivan política -o legalmente- una vez que el poder cambie de manos.

Incluso este escenario pesimista asume que Rodríguez y su círculo inmediato pueden mantener el control sobre el Estado hasta que se celebren las elecciones. Esa suposición está lejos de ser cierta. A medida que el acceso a los recursos del Estado se estrecha y los plazos se acortan, la competencia interna dentro del chavismo se intensificará. Los desafíos de facciones rivales no son hipotéticos; son estructuralmente predecibles. Si la autoridad central se fractura, el resultado no será una transición gestionada sino un rápido deterioro de la capacidad del Estado, con consecuencias mucho más allá de las fronteras de Venezuela.

Hay un camino alternativo. Venezuela celebró elecciones en 2024 en las que el candidato de la oposición, respaldado y elegido a dedo por María Corina Machado, obtuvo casi ocho millones de votos. Reconocer este resultado y orientar la política estadounidense hacia la facilitación de la transferencia de autoridad a un liderazgo legítimo cambiaría fundamentalmente la estructura de incentivos de la transición.

Con este enfoque, la influencia de Estados Unidos no se utilizaría para sostener indefinidamente a una autoridad provisional procedente del antiguo régimen, sino para imponer un traspaso negociado y sujeto a plazos del control sobre las instituciones del Estado. Las responsabilidades irían cambiando gradualmente con arreglo a un calendario definido, reduciendo la incertidumbre y limitando drásticamente las oportunidades de saqueo a gran escala.

Un liderazgo legítimo entrante podría proporcionar las garantías necesarias para mantener operativas las funciones esenciales del gobierno mientras se instala gradualmente a los nuevos administradores. Las garantías de salida -incluidos los acuerdos de exilio- podrían estructurarse con antelación para reducir los incentivos a la obstrucción y la depredación. Con una aplicación y secuenciación creíbles, la última institución en cambiar de liderazgo serían las fuerzas armadas, no la primera.

La estabilidad en Venezuela no vendrá de posponer la legitimidad. Vendrá de alinear la autoridad, los incentivos y los plazos de una manera que elimine la lógica del saqueo y la sustituya por un camino creíble hacia adelante. El plan actual hace lo contrario -y por eso es poco probable que se mantenga.