¿Tiene derecho el Gobierno estadounidense a condicionar la financiación de las universidades?

Muchos profesores universitarios de izquierda (valga la redundancia) se han rebelado contra la amenaza de la Administración Trump de recortar la financiación federal a las universidades que toleren acciones antisemitas contra sus estudiantes judíos. Aquellos repudiaron a la presidenta en funciones de Columbia porque había aceptado algunas condiciones a cambio de los 400 millones de dólares que la Casa Blanca amenazaba con recortar, tras lo cual se vio obligada a dimitir. 

Miembros del profesorado están realizando la afirmación absolutista de que presionar a universidades con un recorte de financiación gubernamental es siempre una negación de la libertad académica. Al adoptar este argumento genérico, ignoran las lecciones de la historia y el estándar único de la moralidad.

No hace falta mucha imaginación para plantear la siguiente variante de la situación actual: son los años 50 y 60 en el sur profundo, una universidad anteriormente segregada permite que racistas enmascarados del KKK acosen a estudiantes negros, impidiendo que algunos asistan a clase; los edificios están ocupados por miembros del Klan que exigen el retorno a la segregación; la universidad no hace nada para proteger a los estudiantes negros, alegando libertad académica y libertad de expresión.

El Gobierno federal amenaza con cortar el financiamiento a menos que la institución académica proteja a los estudiantes negros y prohíba el uso de máscaras para ocultar la identidad. La universidad accede a regañadientes, por miedo a perder el flujo de dinero.

Liberales y defensores de derechos civiles aplaudirían las amenazas de la Casa Blanca y el acatamiento final de la universidad. Efectivamente, muchos lo hicieron en los años cincuenta y sesenta.

Pero ahora que se han tomado medidas similares para proteger a los estudiantes judíos de los enmascarados partidarios de Hamás en la Universidad de Columbia, numerosos liberales y activistas de los derechos civiles se quejan de las intimidaciones del Gobierno y de la sumisión de Columbia, alegando interferencia con la libertad académica. ¿Por qué la diferencia?

Un doble rasero contra los judíos

Hay tres posibles distinciones, ninguna de las cuales justifica -aunque sí explican- por qué estos grupos izquierdistas replican de forma tan diametralmente opuesta a acciones tan similares.

La primera es que el ejemplo del sur se refería a la protección de los negros, mientras que la situación de Columbia se refiere a la protección de los judíos. De acuerdo con el dogma intolerante de la interseccionalidad, los judíos son opresores privilegiados y los negros, oprimidos sin privilegio alguno. La réplica desigual, por tanto, se considera justificada. Ninguna persona racional aceptaría este argumento, pero así lo hacen estudiantes y profesores radicales.

Otra distinción, vinculada a la anterior, es que los manifestantes de antaño formaban parte del malvado Ku Klux Klan, mientras que los de ahora se muestran a sí mismos como virtuosos pro-palestinos. Distinción también tenida por justa por los interseccionalistas, que consideran a todos los partidarios del palestinismo como oprimidos y a todos los partidarios de Israel como opresores. Distinción racista que aceptan también muchos estudiantes y profesores. 

"Hay un lugar legítimo y constitucionalmente avalado para cierta presión financiera federal a algunas universidades".

Por último, se realiza una diferenciación entre los funcionarios de entonces y los actuales. El Gobierno actual, presidido por Donald J. Trump, no puede hacer nada bien, según los liberales y los defensores de los derechos civiles, incluso si sus acciones son lógicamente indistinguibles de las acciones ovacionadas en el pasado. Esta variación de la clásica falacia ad hominem está ampliamente aceptada en círculos académicos y de izquierda cuando el hominem es Trump.

Ninguna de estas supuestas distinciones justifica que quienes alabarían el empleo de presiones para prevenir la discriminación contra negros, homosexuales u otros grupos favorecidos por la interseccionalidad, se opongan a su uso por parte de la Administración Trump para detener la discriminación antijudía en Columbia. Es intolerancia y doble rasero contra los judíos. Simple y llanamente.

Un bisturí, no una motosierra: la presión financiera legítima

Es necesario poner límites a la influencia del Gobierno en los campus universitarios. La legítima libertad académica debe ser respetada. El Ejecutivo debe tener cuidado a la hora de inmiscuirse en el contenido de los cursos, la contratación del profesorado, la admisión de estudiantes y otras cuestiones esencialmente académicas. Pero incluso con respecto a estas cuestiones, existen límites apropiados a la libertad de las universidades que buscan financiación federal.

El Gobierno tiene el derecho y poder de condicionar la financiación discrecional para que los fondos de los contribuyentes no se destinen para propaganda o fines políticos partidistas, en lugar de para iniciativas educativas legítimas. Se trata de un área delicada, ya que no existe una forma objetiva de trazar una línea nítida entre la educación políticamente neutral y la propaganda partidista. Pero como dijo en una ocasión el difunto juez Potter Stewart sobre el esfuerzo, igualmente matizado, de distinguir la pornografía dura del discurso protegido por la Constitución:

"Hoy no voy a intentar definir el tipo de material que entiendo que se incluye en esa descripción abreviada [por 'pornografía dura']..... Pero la reconozco cuando la veo...".

Lo mismo ocurre con la propaganda partidista: la reconocemos cuando la vemos, al menos en su forma más extrema, que es demasiado común en las aulas y los planes de estudio actuales.

La conclusión es que existe un espacio legítimo y constitucionalmente apropiado para ejercer cierta presión financiera federal sobre algunas universidades para lograr algunos fines benéficos. Pero el Gobierno debe ser cauteloso, selectivo y preciso en su despliegue. Debe actuar con un bisturí, no con una motosierra, y debe andar con cuidado para no recortar ayuda financiera a iniciativas médicas, científicas y otras empresas importantes de investigación y educación. Se trata de una tarea difícil, pero es un desacierto sostener -como hacen hipócritamente muchos de la izquierda actual- que es errónea toda amenaza para recortar toda financiación a toda universidad sin importar el fin.

La presión sobre Columbia puede producir resultados positivos, entre ellos más libertad académica y de expresión para los estudiantes que fueron víctima de la inacción de las autoridades universitarias hasta que se vieron presionadas a actuar por la amenaza de desfinanciación. Sería un buen resultado, igual de bueno que la reducción de la discriminación racial que resultó de la presión federal sobre algunas universidades del sur en los años cincuenta y sesenta.

© Gatestone Institute