Hacia la autocracia brasileña

En Brasil la Justicia parece haberse convertido en un arma política bajo la dirección del magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, quien encabeza una serie de investigaciones y medidas judiciales que apuntan directamente al expresidente Jair Bolsonaro, su familia y sus seguidores. Este patrón de persecución comenzó a manifestarse con claridad desde el inicio del mandato de Bolsonaro en enero de 2019 y se ha intensificado con el tiempo, consolidando una estrategia que busca neutralizar a la derecha política brasileña.

La estrategia incluye arrestos, registros y bloqueos de cuentas bancarias dirigidos contra quienes apoyan al expresidente. El 7 de septiembre de 2021, Moraes ordenó el arresto de dos simpatizantes de Bolsonaro y el bloqueo de las claves Pix —un sistema de pago electrónico popular en Brasil— y las cuentas bancarias de la Asociación Nacional de Productores de Soja (Aprosoja) y su filial en Mato Grosso, bajo la acusación de que estas entidades financiaban manifestaciones en apoyo al presidente.

Semanas antes, a finales de agosto de 2021, autorizó registros en los domicilios del diputado Otoni de Paula (PSC-RJ), del cantante Sérgio Reis y otras siete personas por convocar protestas para el Día de la Independencia. Más atrás, en febrero de 2021, ordenó la detención del diputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) tras publicar un video crítico contra los jueces del STF, un hecho que su defensa calificó como un ataque a su inmunidad parlamentaria, a la libertad de expresión y a los principios básicos del proceso penal brasileño.

Estas acciones no son casos aislados, sino que parecen reflejar un sistema liderado por Moraes, quien, como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) durante las elecciones de octubre de 2022, tuvo un rol determinante en el proceso que culminó con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Su influencia plantea serias dudas sobre la imparcialidad de las instituciones judiciales y electorales en Brasil, que convertiría a la Justicia en un instrumento para sofocar la disidencia política.

El puño judicial del Socialismo del Siglo XXI

La utilización de la Justicia para fines políticos no es un fenómeno nuevo, pero en Brasil adquiere un cariz particular bajo la égida del Socialismo del Siglo XXI, una ideología promovida por Lula junto a Hugo Chávez y Fidel Castro. Este modelo, que ha erosionado las democracias liberales desde dentro, encuentra en la manipulación de la división de poderes una herramienta clave. En este contexto, Moraes emerge como un aliado crucial de Lula, del Partido de los Trabajadores (PT) y sus intereses.

Lula, al asumir su tercer mandato el 1 de enero de 2023, reabrió relaciones plenas con dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua, gestos que reflejan su alineación con regímenes autoritarios. En mayo de 2023, recibió a Nicolás Maduro en la Cumbre de Presidentes Sudamericanos, intentando rehabilitarlo internacionalmente; en julio, impulsó la Cumbre Unión Europea-Celac para respaldar a estas autocracias; y en 2024 viajó a Bolivia para apoyar al régimen de Luis Arce. Su política exterior, marcada por el fortalecimiento de los BRICS, así como su apertura a China e Irán, evidencia una visión que prioriza alianzas con Gobiernos antidemocráticos sobre los valores de la democracia y la república.

Internamente, la judicialización de la política es innegable. Casos como el de Débora dos Santos, condenada a 14 años de prisión en 2023 por escribir "Perdeu, Mané" con lápiz labial en una estatua  —un acto que fue tratado como "intento de golpe"— contrastan con la impunidad de profanaciones similares en protestas de izquierda. Esta aplicación selectiva de la ley recuerda tácticas empleadas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde la oposición es silenciada bajo pretextos legales.

Raíces de una alianza: Moraes y Lula, un pacto de poder

La relación entre Alexandre de Moraes y Lula tiene raíces profundas que se remontan a principios de los 2000. En 2005, durante el primer mandato de Lula, Moraes fue nombrado miembro del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), un cargo que ocupó hasta 2007 y que marcó su entrada en la órbita del PT. Tras un paso por el gobierno municipal de São Paulo como secretario de Transportes (2007-2010) y un breve período en el sector privado, volvió al servicio público en 2014 como secretario de Seguridad Pública de São Paulo bajo Geraldo Alckmin.

Su ascenso al plano nacional llegó en mayo de 2016, cuando Michel Temer, tras el impeachment de Dilma Rousseff, lo designó ministro de Justicia. Este nombramiento, en un Gobierno continuador del PT y salpicado por el escándalo Lava Jato, generó controversia. En febrero de 2017, tras la muerte del juez Teori Zavascki —investigador clave de Petrobras— en un accidente aéreo, Temer lo nominó al frente del STF, una decisión ratificada por el Senado pese a las críticas de politización.

La composición actual del STF refleja esta influencia izquierdista: de sus 11 miembros, tres fueron nombrados por Lula, cuatro por Rousseff, y solo dos por Bolsonaro, con Moraes completando un tribunal inclinado hacia el PT.

La relación entre Moraes y Lula se consolidó tras el retorno de este al poder en 2023. El 1 de julio de 2023, la prensa internacional destacó que Lula premió a Cristiano Zanin, su exabogado en Lava Jato, con un puesto en el STF. En febrero de 2024, Ricardo Lewandowski, quien anuló las condenas de Lula, asumió como ministro de Justicia. Estos nombramientos parecen tendientes a blindar al presidente y utilizar el STF como herramienta de control.

El ascenso del superpoderoso Moraes

La ascensión de Moraes a un poder casi absoluto comenzó en marzo de 2019, cuando el STF, bajo la presidencia de Dias Toffoli, se otorgó a sí mismo la autoridad para abrir investigaciones sobre fake news, esa coartada arbitraria con la que la izquierda mundial procura controlar la libertad de expresión. Este movimiento permitió al STF actuar como víctima, fiscal y juez simultáneamente, violando el sistema acusatorio. Moraes, designado instructor, expandió esta indagatoria para abarcar cualquier crítica, tomando el control de al menos ocho investigaciones similares, muchas centradas en Bolsonaro y sus aliados.

Con el tiempo, Moraes adquirió facultades extraordinarias: ordenó redadas contra quienes criticaban al STF en internet, forzó a medios como la revista Crusoé a retirar artículos —como uno que vinculaba a Toffoli con Lava Jato en abril de 2019 — y bloqueó cuentas en redes sociales. En 2022, como presidente del TSE, consolidó su dominio sobre el proceso electoral, prohibiendo que en campaña se usaran términos como "ladrón" para referirse a Lula —pese a sus condenas previas en Lava Jato— y censurando medios conservadores como Oeste y Jovem Pan. Durante la pandemia, intervino en decisiones ejecutivas, como impedir que Bolsonaro nombrara a Alexandre Ramagem como director de la Policía Federal, una prerrogativa presidencial.

El STF, con el respaldo de la mayoría de sus jueces, se ha convertido en un sistema todopoderoso: un tribunal constitucional, de apelaciones y penal que tramita 100.000 casos al año. Esta concentración de poder, sin límite temporal ni supervisión externa, ha transformado a Moraes en un "juristócrata" con atribuciones casi divinas, como lo describen fiscales como Marcelo Rocha Monteiro y Cleber Tavares Neto, quienes califican la indagatoria 4.781, una investigación judicial que se inició contra Jair Bolsonaro y sus simpatizantes, cuestionada por su origen y supuestas violaciones al sistema acusatorio, como una "colección de ilegalidades" y un proceso "orwelliano" .

Los ejemplos son aberrantes en casos como el de Daniel Silveira, condenado a casi nueve años de prisión por un video crítico en 2021, o el de Débora Rodrigues dos Santos, sentenciada a 14 años en 2023 por un acto simbólico de protesta. En septiembre de 2021, ordenó la detención del CEO de GETTR, exasesor de Donald Trump, en el aeropuerto de Brasilia tras reunirse con Bolsonaro, un episodio que duró tres horas antes de permitirle salir del país. Estas medidas, justificadas como defensa de la democracia, han sido mundialmente criticadas por su arbitrariedad.

El fiscal Tavares Neto advierte que Moraes puede "condenar sin delito, sin acusación y sin defensa", mientras que las redadas contra críticos —como las siete personas allanadas en 2019 cuyos bienes aún no han sido devueltos— permanecen sin resolución. Durante las elecciones de 2022, el TSE bajo Moraes castigó comercios que ofrecían descuentos del 22% (número del partido de Bolsonaro) y censuró un documental inédito de Brasil Paralelo sobre el apuñalamiento de Bolsonaro, acciones que el establishment izquierdista justificó como lucha contra las fake news.

El censor implacable: el caso contra X y la guerra digital

El enfrentamiento con Elon Musk en agosto de 2024 marcó un hito en los intentos de Moraes por controlar el espacio digital. Tras negarse a eliminar cuentas en X como parte de una investigación sobre desinformación, Musk cerró las oficinas locales de la plataforma. Moraes respondió bloqueándola en Brasil, imponiendo multas de hasta 50.000 reales diarios por usar VPN y congelando cuentas de Starlink para cobrar sanciones por 19 millones de reales. El 2 de septiembre de 2024, un panel de cinco jueces del STF confirmó la decisión, consolidando a Moraes como "alguacil de internet". Musk, uno de los hombres más ricos, influyentes y poderosos del mundo cedió finalmente ante los deseos de Moraes, y el bloqueo se levantó en octubre de 2024, pero el episodio atrajo atención mundial.

Desde 2020, Moraes ha bloqueado al menos 340 cuentas y eliminado miles de publicaciones, según un análisis del New York Times, a menudo bajo secreto judicial. Figuras como Allan dos Santos, Luciano Hang, Nikolas Ferreira y Carla Zambelli fueron silenciadas por cuestionar el proceso electoral o al STF, mientras medios como Terça Livre y Gazeta do Povo enfrentaron restricciones. En 2022, mensajes filtrados por Folha de Sao Paulo revelaron que un adjunto de Moraes ordenó "usar creatividad" para justificar acciones contra Oeste, evidenciando un enfoque arbitrario.

La persecución a Bolsonaro

La persecución a Bolsonaro comenzó con su llegada al poder en 2019 y se intensificó tras su derrota en 2022. Además de las investigaciones por el documento del TSE de 2018 y los arrestos de aliados, Moraes autorizó operaciones policiales en febrero de 2023 que confiscaron el teléfono y pasaporte del expresidente, acusándolo de planear un golpe. El 8 de enero de 2023, tras los disturbios en Brasilia, supervisó la condena de 232 personas y logró inhabilitarlo para las elecciones de 2026, una medida que Bolsonaro califica de "persecución política". Su hijo, Eduardo Bolsonaro, anunció el 18 de marzo de 2025 que dejaba su escaño y buscaba justicia en EEUU, denunciando amenazas de arresto.

Sombras sobre las urnas

Las dudas de Bolsonaro sobre el sistema electrónico de votación, que Moraes defiende férreamente, tienen respaldo internacional. Son muchos los países, políticos y expertos que desconfían del sistema, sin ir más lejos, el Tribunal Constitucional de Alemania prohibió las máquinas electrónicas en 2009 por no garantizar "una votación secreta y un control democrático del cómputo". Pero el sólo hecho de opinar contra la transparencia del sistema es tratado por Moraes como "actos antidemocráticos", y ha ordenado la eliminación de cuentas que lo cuestionaran. Su rol dual como juez del STF y presidente del TSE en 2022 plantea un conflicto de intereses que socava la confianza en los resultados electorales.

Opresión judicial y repudio global

Hoy, Brasil vive bajo un clima irrespirable. El STF, descrito por el periodista estadounidense Glenn Greenwald como "profundamente autoritario y loco por la censura", ha convertido la disidencia en un delito. Internacionalmente, María Elvira Salazar, Rick Scott y otros congresistas de EE.UU. pidieron  revocar las visas de los jueces del STF: "El juez de Moraes tiene un historial bien documentado de restringir la libertad de expresión, en particular contra personas y grupos con posturas políticas conservadoras. Sus últimas acciones representan la culminación de un patrón más amplio de extralimitación judicial. Le instamos respetuosamente a que deniegue cualquier solicitud de visa estadounidense o admisión a Estados Unidos, incluyendo la revocación de cualquier visa existente, para el juez Alexandre de Moraes y los demás miembros del Tribunal Supremo de Brasil cómplices de estas prácticas antidemocráticas". 

En su página web, la congresista Salazar se explaya más sobre los que ocurre actualmente en Brasil: "Brasil no sólo tiene como presidente a un delincuente condenado por corrupción política, Lula da Silva, sino que ahora tiene a un operador totalitario como el presidente del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes". Cuatro fiscales generales brasileños denunciaron una "apropiación de poder" sin accountability, y la Economist Intelligence Unit rebajó a Brasil al puesto 57 en su Índice de Democracia 2024 por la censura de X.

El informe Freedom House 2024 señala que Brasil bajó su calificación en libertades civiles debido a las interferencias judiciales y restricciones desproporcionadas a la prensa y ciudadanos.

El juicio a Bolsonaro y el ocaso democrático

El 26 de marzo de 2025, el STF acordó por unanimidad imputar a Bolsonaro y siete aliados por "intento de golpe de Estado" tras los eventos del 8 de enero de 2023. Moraes, relator del caso, afirmó que hay "pruebas razonables" de que Bolsonaro "conocía, manejaba y discutía" un plan golpista. El expresidente enfrenta hasta 40 años de cárcel y denuncia un juicio político que avanza "14 veces más rápido que el Mensalão y 10 veces más que el Lava Jato de Lula", con un "resultado decidido anticipadamente". 

La situación de Brasil es crítica. En el marco del respeto a los valores republicanos y los derechos humanos, la deriva totalitaria del Gobierno plantea un oscuro horizonte. El respeto al Estado de derecho, la separación de poderes y elecciones transparentes está en riesgo bajo el gobierno de un presidente condenado por corrupción que está sostenido por un juez que acumula poder como nunca se había visto en la historia del país.  

Mientras Lula se abraza a las peores dictaduras y el STF suprime la disidencia, Brasil se aleja de la democracia liberal, acercándose cada vez más al modelo castrochavista que soñaron Lula y Fidel cuando fundaron, en 1990, el Foro de Sao Paulo. Pasaron muchos años desde entonces, muchos países de la región vieron como se perdía su libertad y prosperidad bajo la influencia de este nefasto consorcio. 

Las instituciones brasileñas, sin embargo, resistieron a duras penas los embates de los gobiernos de Lula y sus gigantescos mecanismos de corrupción. Pero esta vez es distinto, esta vez tiene un arma letal: tiene al juez Moraes. ¿Resistirá la democracia brasileña o está camino a ser una nueva autocracia?