Se estrecha el cerco sobre Pedro Sánchez: la policía registra la sede del partido del Gobierno español en un macrocaso de corrupción

Mientras trata de lanzar su imagen como el líder mundial del antitrumpismo, las cosas se le siguen complicando en casa al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, cercado por casos de corrupción que salpican a su familia, colaboradores cercanos y a su partido. 

A primera hora de la mañana (hora local) del miércoles, agentes de la Unidad Central Operativa se personaron en la sede del Partido Socialista Obrero Español para recabar documentación relativa a uno de estos casos que rodean al mandatario y al partido que dirige España.

Cargos graves y que apuntan al PSOE como una "organización criminal"

Las pesquisas de las fuerzas del orden fueron por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz encuadradas dentro de la causa de corrupción que investiga las andanzas de Leire Díez, apodada la fontanera del PSOE, y que se encuentra detenida por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Junto a ella, fueron arrestados el pasado mes de diciembre el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio del anterior secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (quien también estuvo cinco meses en prisión).

La esposa de Sánchez, citada "personalmente" a declarar ante otro juez

Un registro que se suma al requerimiento que otro juez, Juan Carlos Peinado, hizo un día antes a la esposa del presidente español, Begoña Gómez, para declarar por los delitos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de los que se le acusa.

Peinado citó "personalmente" a Gómez alegando riesgo de que “eluda la acción de la Justicia” y anunció que estudia imponer de medidas cautelares. El juez advirtió a Gómez y los otros dos acusados -su asesora María Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- de que si no comparecen ante la Justicia de manera voluntaria, serán “conducidos por la fuerza pública” ante el tribunal.