El régimen de Delcy Rodríguez aprueba una ley de amnistía incompleta y con amplias exclusiones

La Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó este jueves la ley de amnistía para presos políticos en Venezuela, luego de una semana de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el alcance de la medida, las cuales generaron fuertes dudas entre organizaciones y familiares sobre si activistas y opositores en el exilio podrían acogerse a la medida. La iniciativa, impulsada por la dictadora Delcy Rodríguez, fue aprobada en segunda discusión, tras dos horas de sesión, y contempla el período de 1999 hasta la fecha. La nueva ley enfatiza que la amnistía incluirá a aquellos que hayan participado en protestas y en lo que el chavismo denominó como “acciones violentas” del 2002, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.

Según lo expresado en la ley, un importante grupo que quedará excluido serán aquellos que hayan sido condenados por “rebelión militar” por su rol en los sucesos del año 2019, siendo este un detalle que, según varios expertos legales, el chavismo podría usar a su conveniencia no solo para evitar la excarcelación de 174 presos políticos, sino también para mantener determinados obstáculos judiciales contra varias figuras de la oposición venezolana.

Otro de los puntos convenientes para el chavismo en su ley de amnistía es que aquellos que fueron juzgados por determinados “delitos de odio”, como escribir o publicar mensajes críticos contra la dictadura venezolana en su WhatsApp, no han quedado expresamente amnistiados, encontrándose en este momento en un limbo legal. Semejante punto cayó como un jarro de agua fría para más de uno, tomando en cuenta que tanto diferentes organizaciones no gubernamentales como los familiares de los presos políticos que se han manifestado en las últimas semanas pidiendo por su liberación habían demandado incansablemente la derogación de este tipo de leyes.

¿Quiénes más quedan excluidos?

En relación a quienes se verían excluidos de la aplicación de la amnistía, el régimen detalló en el artículo 9 de su nueva legislación que estos serían los que hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, homicidio intencional, lesiones graves, tráfico de drogas, delitos de lesa humanidad y delitos previstos en la ley contra la corrupción. De igual forma, el régimen chavista excluyó a aquellos que se encuentren o puedan ser condenados o procesados por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela por parte de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

Por otra parte, en la sesión parlamentaria en la que se aprobó la medida, se designó también una comisión especial que desarrollará e implementará diferentes “mecanismos” para asegurar el cumplimiento de la ley de amnistía, la cual fue enviada a Rodríguez para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. De igual manera, la ley incorpora un artículo que explica que incluye a quienes se encuentran en el exilio y detalla que aquellos que no puedan presentarse en tribunales podrán contar con la representación de un abogado de su confianza, hecho que ha sido fuertemente criticado al implicar la aceptación de determinados delitos que en incontables oportunidades el chavismo inventó de manera arbitraria.