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Brasil: el Tribunal Supremo avanza en la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro por presunta conspiración golpista

Con el respaldo del magistrado Flávio Dino al relator Alexandre de Moraes, ya son dos (de cinco) los jueces que consideran culpable al líder de atentar contra el régimen democrático. La decisión final podría conocerse este viernes.

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes (Archivo)  (Photo by EVARISTO SA / AFP)

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes (Archivo)  (Photo by EVARISTO SA / AFP)AFP / Archivo

Agustina Blanco
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La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzó el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado presuntamente de liderar una conspiración para impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de octubre de 2022. 

Con el respaldo del magistrado Flávio Dino al relator Alexandre de Moraes, ya son dos (de cinco) los jueces que consideran culpable al líder de atentar contra el régimen democrático. La decisión final podría conocerse este viernes.

El proceso judicial

La acusación, presentada por la Fiscalía, señala a Bolsonaro y a siete colaboradores, entre exministros y jefes militares, como responsables de una trama para subvertir el orden democrático y evitar que Lula asumiera el poder. Según el expediente, el complot comenzó a gestarse en 2021 y se intensificó tras la derrota electoral de Bolsonaro en 2022. Los hechos incluyen bloqueos de carreteras, atentados frustrados y la instalación de campamentos frente a cuarteles militares, donde activistas de extrema derecha exigían una intervención militar, de acuerdo a lo que reseña Infobae.

El magistrado Flávio Dino, quien se unió al Supremo en febrero de 2024 tras ser ministro de Justicia de Lula, afirmó que Bolsonaro fue la “figura dominante” de una “organización criminal” con control total sobre los hechos. “Hubo violencia y grave amenaza”, subrayó Dino, destacando la ubicación estratégica de los campamentos frente a cuarteles, “donde hay fusiles, ametralladoras y tanques”. Según su análisis, los demás acusados tuvieron un rol secundario, lo que podría derivar en penas más leves para ellos.

Por su parte, Alexandre de Moraes ha liderado un proceso que las defensas de los acusados han cuestionado por supuesta “parcialidad”. Sin embargo, los recursos presentados fueron rechazados unánimemente por los cinco jueces de la Primera Sala.

Próximos pasos en el juicio

El proceso continúa esta semana con las intervenciones de los magistrados Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Sala, quienes aún deben emitir su voto.

Las audiencias están programadas para reanudarse el miércoles y jueves, y se espera que el viernes se anuncien las sentencias. En esa línea, de Moraes presentará su propuesta de condena para cada acusado, que será debatida por el tribunal.

Las sanciones de EEUU a Alexandre de Moraes

La Administración Trump impuso una serie de medidas y sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, acusándolo de abusos a los derechos humanos mediante detenciones arbitrarias, censura y procesos judiciales politizados, especialmente en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones bajo la Ley Global Magnitsky bloqueando cualquier bien de Moraes en territorio estadounidense y prohibiendo transacciones con personas o entidades de EEUU.

Estas acciones siguen a la revocación de su visa y la de sus familiares directos por el Departamento de Estado, por su rol en campañas de censura contra ciudadanos estadounidenses.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió a Moraes como responsable de una "cacería de brujas" que amenaza intereses y libertades estadounidenses.

Por su parte el presidente Donald Trump impuso un arancel del 50% a la mayoría de los productos brasileños, efectivo desde el 6 de agosto, en respuesta por la persecución política contra Bolsonaro y sus seguidores, considerada una violación grave de derechos humanos; aunque se eximieron cerca de 700 productos clave como aeronaves, energía y jugo de naranja para mitigar impactos económicos. 
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