La Justicia da un varapalo a la UE por no conservar los mensajes entre Von der Leyen y Pfizer

El Tribunal General de la UE (TGUE) anuló este miércoles la decisión de la Comisión Europea de denegar la divulgación de mensajes de texto cruzados entre Ursula von der Leyen con el presidente ejecutivo del laboratorio Pfizer, Albert Bourla, durante la pandemia de coronavirus. 

El caso había sido destapado por una periodista del New York Times en Bruselas, que pedía a la institución que la publicación de dichos mensajes, intercambiados entre enero de 2021 y mayo de 2022 entre ambos mandatarios, cuando la Comisión negociaba la compra de enormes cantidades de vacunas contra el covid-19.

El montante de los contratos negociados por la Comisión en nombre de los 27 países del bloque ascendió a miles de millones de euros, por lo que el proceso de adjudicación provoca un enorme interés y recelo por aclarar si hubo algún interés más que conseguir el mejor producto al mejor precio para garantizar la salud de los europeos en un momento de gran miedo y tensión y millones de muertos como consecuencia de la pandemia.

Según la Comisión, los mensajes "no contenían información importante"

Sin embargo, la Comisión alegó que esos mensajes no podían ser considerados documentos oficiales, y que por lo tanto no fueron guardados. Un apunte que el TGUE no considera válido, puesto que el fallo considera que la Comisión "no proporcionó una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión de los documentos solicitados". Tampoco "explicó de manera plausible por qué consideró que los mensajes de texto intercambiados en el contexto de la compra de vacunas contra el covid no contenían información importante".

De acuerdo con el TGUE, las respuestas proporcionadas por la Comisión en relación con los mensajes de texto solicitados "se basan o bien en suposiciones, o bien en informaciones cambiantes o imprecisas. La Comisión no aclaró suficientemente si los mensajes de texto solicitados se habían suprimido y, de ser así, si la supresión había sido voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de la presidenta había sido sustituido en ese intervalo de tiempo".

La Comisión "debe presentar explicaciones creíbles"

Para la corte, la Comisión no podía limitarse a afirmar que no tiene en su poder los documentos solicitados. En cambio, agregó, "debe presentar explicaciones creíbles que permitan al público y al Tribunal General entender por qué no pueden encontrarse esos documentos".

Tras conocerse el fallo, la Comisión emitió un comunicado en el que asegura que  "toma nota" de la decisión del TGUE y que procederá a estudiarla "de cerca" para definir "los siguientes pasos".

Sombras sobre la millonaria compra de vacunas a Pfizer

Durante la pandemia, la UE compró o reservó la mayoría de las dosis de vacunas al dúo estadounidense-alemán Pfizer/BioNTech, a pesar de que otros cinco fabricantes tenían sus vacunas aprobadas por el regulador europeo.

Por su negativa a divulgar los mensajes, Von der Leyen llegó a ser objeto de varias denuncias, incluida una en Bélgica por "destrucción de documentos públicos" y "corrupción", que posteriormente fue declarada inadmisible por el Tribunal de Apelación de Lieja.

El caso estalló en abril de 2021, cuando la periodista Matina Stevis reveló la existencia de los mensajes en el diario The New York Times, y posteriormente pidió formalmente el acceso al contenido de los mensajes, apoyada en una normativa europea de 2001.

La Comisión, sin embargo, se negó a divulgar el contenido de los intercambios, y alegó que los mensajes de texto no podían ser considerados documentos públicos, sobre los que sí hay normas sobre protección. Por ello, la periodista y el diario estadounidense decidieron en 2023 recurrir a la justicia europea.

La Defensora del Pueblo Europeo también pidió la publicación de los mensajes

El caso generó una controversia en la que incluso la entonces Defensora del Pueblo Europeo, la irlandesa Emily O'Reilly, pidió públicamente a la Comisión en enero de 2022 que se esfuerce en recuperar los mensajes.

Para O'Reilly, los mensajes "entran en el marco de la legislación europea sobre el acceso del público a los documentos" y "el público puede tener acceso a ellos si conciernen al trabajo de la institución", dijo entonces, para añadir que se trataba de un caso "problemático".

En su opinión, se trató de "mala administración", argumentando que los mensajes deberían haber estado sujetos a las normas de transparencia pública de la UE para los documentos oficiales.

Los fallos del TGUE pueden ser objeto de apelación a la máxima corte europea, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en un plazo de dos meses y 10 días.