La Administración Trump presiona a Delcy Rodríguez por acciones judiciales contra el entorno familiar y político de Maduro
la Casa Blanca requirió acceso directo a pesquisas relacionadas con presuntos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico.
Delcy Rodríguez
La Administración del presidente Donald Trump solicitó formalmente a la nueva cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, autorizar investigaciones contra nueve figuras vinculadas al aparato de poder dictatorial. La información fue revelada por el diario español ABC y surge en medio de la presión de Washington tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
De acuerdo con lo publicado, la Casa Blanca requirió acceso directo a pesquisas relacionadas con presuntos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico. La solicitud no se limitaría a declaraciones o interrogatorios aislados, sino que abarcaría documentación, expedientes y pruebas de trazabilidad financiera que permitan rastrear operaciones bajo sospecha.
Familiares y operadores bajo investigación
Entre los señalados figura Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del exmandatario, quien está incluido en un expediente penal en Estados Unidos por su presunta vinculación con el núcleo duro del régimen en casos relacionados con narcóticos y armas.
También aparece Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro mayor de Maduro, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su supuesta participación en comisiones derivadas de contratos públicos.
La lista incluye además a Alex Saab, considerado una pieza clave por su presunto conocimiento sobre el manejo y destino de fondos del régimen, y a Raúl Gorrín, vinculado en investigaciones previas por esquemas financieros bajo sospecha. Según lo divulgado, las capturas recientes de ambos estarían conectadas con la exigencia de Washington de profundizar indagaciones que incluyan no solo interrogatorios, sino también respaldo documental y pruebas verificables en casos de corrupción.
Completan el grupo Tareck El Aissami y Samark López Bello, detenidos por el propio régimen en 2024 por presunta corrupción petrolera, así como Pedro Luis Martín-Olivares, exresponsable de inteligencia económica, sobre quien pesa una investigación y recompensa por parte de Estados Unidos.
Obstáculos legales y tensiones internas
El planteamiento estadounidense incluiría, además, la posibilidad de supervisar desde Washington el avance en la recopilación de testimonios y evidencias, en lo que se perfila como una fase decisiva en la presión judicial contra figuras clave del antiguo régimen.
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