(AFP ) Una corte de Hong Kong declaró el jueves a 14 personas culpables de subversión en el mayor proceso contra activistas prodemocracia desde que China impuso a esta ciudad una ley de seguridad nacional para eliminar la disidencia.

Los catorce acusados, además de otros 31 que se habían declarado previamente culpables, se exponen a penas de por vida. Las sentencias se comunicarán este año.

En 2020, el gobierno central en Pekín impuso a Hong Kong una estricta ley de seguridad nacional en respuesta a las grandes protestas prodemocracia que habían paralizado este centro de finanzas internacional el año anterior. Bajo el amparo de esta ley, las autoridades procesaron a 47 opositores (conocidos como "los 47 de Hong Kong") acusados de "conspiración para la subversión" por haber organizado unas elecciones primarias no oficiales que, según la acusación, buscaban derribar al Gobierno.

De ellas, 31 se declararon culpables con la esperanza de que esto sirva de atenuante para la sentencia.

El veredicto para los otros 16, entre ellos activistas, exlegisladores y exconcejales de distrito, se dio a conocer este jueves. Al inicio de la audiencia, el juez Andrew Chan nombró a los 14 acusados que fueron declarados culpables. Solo dos exconcejales de distrito fueron absueltos por el tribunal. La secretaria de Justicia de Hong Kong, Maggie Yang, anunció al tribunal que recurrirán la decisión. Uno de los exconcejales de distrito que fue declarado no culpable, Lawrence Lau, pidió al salir del tribunal que "todo el mundo mantenga su preocupación por nuestros amigos en el caso".

En un escueto resumen del veredicto publicado por la corte, los jueces aseguran que los 14 habían conspirado para minar "el poder y la autoridad del gobierno y el jefe Ejecutivo" de la ciudad. "Desde nuestro punto de vista, esto crearía una crisis constitucional para Hong Kong", argumentaron.

La mayoría de los acusados han estado detenidos desde marzo de 2021, cuando fueron presentados por primera vez a la justicia.

El juicio se efectuó sin jurado y corrió a cargo de un panel de tres jueces escogidos entre un grupo de juristas designados a dedo por el dirigente del Gobierno semiautónomo de Hong Kong.

"Juicio al movimiento prodemocracia"  en Hong Kong

La fiscalía acusó a los 47 de conspirar para subvertir el poder al organizar unas elecciones primarias no oficiales con el propósito de alcanzar una mayoría en el órgano legislativo de la ciudad. De haber controlado esta cámara, hubieran podido vetar el presupuesto del gobierno y forzar al jefe del Ejecutivo a aceptar las demandas claves presentadas por los manifestantes en 2019, argumentó la acusación en el tribunal.

La defensa esgrimió que la miniconstitución de Hong Kong contempla mecanismos para llevar a cabo este plan y que el caso "era un asunto puramente político, en vez de un asunto legal".

Frente al tribunal, miembros de la Liga de Socialdemócratas -una de las pocas voces opositoras que quedan en Hong Kong- intentaron realizar una pequeña protesta pero se lo impidieron. "Solo queríamos expresar nuestra opinión. No sé por qué la policía nos lo impide (...) Hong Kong debería ser un lugar con libertad de expresión y asamblea", reclamó Chan Po-ying, presidenta del movimiento.

El analista Eric Lai, del Centro Asiático de Derecho de la Universidad de Georgetown, dijo a la AFP que el proceso es "un juicio al movimiento prodemocracia de Hong Kong".

Representantes diplomáticos de Francia, Italia y la Unión Europea acudieron a la audiencia del jueves y el gobierno de Australia expresó "fuertes objeciones" a las declaraciones de culpabilidad.

Estados Unidos y otros países occidentales criticaron a China por reprimir el movimiento prodemocracia y recortar las libertades prometidas al recuperar el control de esta antigua colonia británica en 1997.

El Ministerio chino de Relaciones Exteriores expresó su "firme oposición" a las críticas y llamó a quienes las vierten a "dejar de interferir inmediatamente en los asuntos de Hong Kong y los asuntos internos de China".

Antes del veredicto de este jueves, 114 activistas habían sido declarados culpables de crímenes vinculados por la ley de seguridad nacional impuesta en 2020.