El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sufrió una contundente derrota en las votaciones regionales y locales de mayo, perdiendo mucho poder en las comunidades autónomas, ciudades y pueblos. Los ciudadanos castigaron su gestión, basada en una política socialista respaldada por un partido comunista y por otros que no defienden la unidad de España. Como consecuencia directa de ese descalabro tuvo que adelantar la convocatoria de las elecciones generales a una fecha nada común para su celebración: el 23 de julio. Ese día, millones de españoles están disfrutando de sus vacaciones de verano, lejos de sus lugares de residencia. Y para poder votar, han tenido que solicitar el voto por correo, un sistema que ha dado serios problemas hasta dos días antes de las elecciones.

La responsabilidad de los fallos es de Correos. Esta empresa de titularidad pública, con más de tres siglos de historia, no proporcionó el servicio que debería haber dado a aquellos españoles que solicitaron el voto por correo. Es la encargada de hacer llegar el voto a los solicitantes y garantizar la seguridad del mismo.

El problema viene porque Correos tuvo que pedir a la Junta Electoral Central (órgano encargado de asegurar la transparencia del proceso electoral y supervisar la actuación de la Oficina del Censo Electoral) posponer la fecha límite para que los españoles pudiesen entregar su voto por correo en las oficinas destinadas a ello. Tardó en entregar los votos por correo a los solicitantes. Incluso hay quien aún no lo ha recibido.

La empresa pública pidió que se retrasase la fecha de entrega del voto por correo del 20 de julio a las 14:00 del 21 de julio. Pasado ya el plazo y con un total de 2.622.808 solicitantes, 161.524 españoles que pidieron el voto por correo no han podido votar.