La reforma electoral de AMLO provoca la renuncia masiva de altos cargos

Ocho importantes integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) de México renunciaron tras la aprobación de una reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que podría vulnerar las próximas elecciones.

De acuerdo al comunicado oficial del organismo electoral, las renuncias de los funcionarios fueron presentadas “a fin de dejar en completa libertad a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral”, la cual se incorporará el próximo 4 de abril junto a tres nuevas consejerías.

Sin embargo, la decisión de los ocho integrantes del INE podría revelar su incomodidad ante lo que para muchos supone un atentado contra la democracia mexicana.

Los funcionarios que decidieron presentar su dimisión ante el INE, son: Ana Laura Martínez de Lara, directora ejecutiva de Administración; Jacqueline Vargas Arellanes, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización; Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Gabriel Mendoza, director Jurídico; Daniela Casar García, directora del Secretariado; Cecilia del Carmen Azuara Arai, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales; Laura Liselotte Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de Comunicación Social.

Estas renuncias tendrán efecto entre el 31 de marzo y el 3 de abril, fecha en la que el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, culmina su mandato.

¿En qué consiste el “Plan B” de AMLO?

La reforma electoral de AMLO es un decreto que modifica varias leyes bajo la excusa de reducir el presupuesto del INE. Sin embargo, el Plan B va mucho más allá de una simple reestructuración.

Promete garantizar el voto de las “poblaciones vulnerables” como las personas en prisión preventiva. Dice garantizar el cumplimiento del principio de "paridad de género", obligando a los partidos políticos a asegurar la candidatura de grupos de la comunidad LGBTQ, afromexicanos, migrantes, personas con discapacidad, jóvenes e indígenas.

Además, impone modificaciones al calendario de elecciones y elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Junta General Ejecutiva, área que determinaba el manejo de recursos en el INE.

“Lo que propone el Gobierno es la destrucción del INE porque López Obrador va a meter mano para hacer trampa en las próximas elecciones”, opinó Lilly Téllez, una senadora de oposición.

Ramón Cossío, exmagistrado de la Suprema Corte, apoyó esta opinión al señalar que lo que el presidente mexicano lo que busca es "apropiarse del sistema electoral".

"Queremos evitar (...) que México se convierta en una Nicaragua, se convierta en una Venezuela o en una Cuba", dijo Beatriz Pagés, periodista y activista.