Colombia: una investigación revela la complicidad de la Policía con varias bandas criminales

Unos audios difundidos por Noticias RCN ponen en evidencia que algunos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá (Colombia) estuvieron participando en actividades delictivas -venta de drogas, de licor adulterado y prostitución infantil- a cambio de recibir grandes sumas de dinero provenientes de bandas criminales, entre ellas El Tren de Aragua .

Las grabaciones son el resultado de la denominada "Operación Sombra", una labor investigativa de 8 meses realizada por la Fiscalía Seccional de Bogotá. En ella, se identificó al intendente Óscar Javier Vanegas y los patrulleros Walder Antonio Orjuela Morales, Jairo Alexánder Pineda López y Cristhian Fernando Molina Salas, quienes en su labor de fuerzas del orden formaban parte de un Comando de Atención Inmediata –CAI– al sur occidente de Bogotá y a su vez colaboraban con redes criminales, para obtener beneficios monetarios.

Uno de los investigadores contó que los oficiales, además de extorsionar a los comerciantes, realizaban redadas falsas para atrapar a líderes del Tren de Aragua -una banda criminal venezolana extendida por Suramérica y Florida, EE.UU- y luego pedirles dinero para dejarlos en libertad.

Coordinación de la policía y bandas criminales

En uno de los audios se escuchó a uno de los agentes contándole a su compañero cómo decomisó 10 papeletas de droga -envoltorios de papel que contienen droga en polvo- y expulsó al expendedor que vendía esos estupefacientes de la zona, porque no les convenía que trabajara en esa área:

En otra de las grabaciones se expuso cómo se coordinaban entre los policías para permitir la venta de estupefacientes por parte de miembros del Tren de Aragua -con otras organizaciones criminales- a cambio de sobornos y beneficiarse monetariamente de la venta de droga.

Otro fragmento de la grabación puso en evidencia la existencia de una mujer a la que mencionan como "la costeña", quien tendría a su cargo un punto de ventas de drogas y a la que le cobrarían una extorsión de 10,5 dólares (50.000 pesos colombianos) para dejarla "operar" en la zona.

Con las conversaciones, según la Fiscalía, quedó demostrado que los uniformados sí estaban involucrados con las organizaciones criminales y que se coordinaban para cobrarles a los delincuentes por la venta de droga. Además, se organizaban para no hacer operativos en ciertas zonas de la ciudad y así dejarlos trabajar "tranquilos".