El DOJ demanda a Texas por las barreras de boyas en el Río Grande

La administración de Greg Abbott se enfrenta a una demanda federal después de que el Departamento de Justicia cumpliera este lunes con su promesa. El DOJ advirtió en una notificación al Gobernador de Texas que emprendería acciones legales contra el estado si este no retiraba su barrera de boyas de las aguas de Río Grande. La barrera sirve para evitar el cruce de inmigrantes ilegales a través del agua.

Abbott publicó un comunicado el mismo lunes en el que desafió a la Administración de Biden. El gobernador republicano aseguró que no quitaría la barrera de boyas, que calificó como de medida legítima del estado de Texas para proteger sus fronteras, en una crisis migratoria "provocada" por la Administración Biden. Según Abbott, se trata de un derecho constitucional. El DOJ había dado hasta el lunes a la Administración tejana para doblegarse a su amenaza. "Texas le verá en los tribunales", sentenció Abbott en su respuesta.

"Denunciamos que Texas ha incumplido la legislación federal al instalar una barrera en el Río Grande sin obtener la debida autorización federal", declaró la fiscal general adjunta Vanita Gupta. "Esta barrera flotante supone una amenaza para la navegación y la seguridad pública y plantea problemas humanitarios. Además, la presencia de la barrera flotante ha provocado protestas diplomáticas por parte de México y corre el riesgo de perjudicar la política exterior estadounidense."

Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos

La demanda del Departamento de Justicia, que se registro en Austin, se respalda en la Ley de Ríos y Puertos, que regula el uso de aguas públicas del país. De acuerdo con su sección 10, queda prohibida la instalación de medios que impiden la navegabilidad de las aguas del río. La barrera de boyas, entraría, dentro de los supuestos prohibidos por la sección 10 de la ley.

De acuerdo con la ley, es necesaria une autorización federal de parte de la Secretaría de Ejército, un despacho del Departamento de Defensa y que actúa en representación del Cuerpo de Ingenieros. Dado que el estado de Texas no contó con esta autorización, el DOJ pidió a un juez federal de Austin la eliminación de la barrera.