The 65 Project busca volver tóxicos a ciertos abogados. El grupo presenta quejas éticas contra los letrados que tomaron por clientes a quienes cuestionan la integridad de las elecciones de 2020, a pesar de que hay un conjunto sustancial de pruebas de que las presidenciales han sido impugnadas con frecuencia a lo largo de la historia de nuestra nación
El catálogo incluye, como caso reciente, a los demócratas en 2000 y 2016. Las elecciones de 1876, de hecho, dieron lugar a varias listas de electores en varios estados del sur, y la disputa tardó meses en ser resuelta por una comisión especial creada por el Congreso para la tarea.
Aunque The 65 Project afirma en su página web que defiende la democracia y el Estado de Derecho, hace exactamente lo contrario. Sus acciones, por ejemplo, atacan el corazón de la capacidad de los estadounidenses para asociarse libremente con sus conciudadanos -uno de los pilares de la exitosa república democrática de Estados Unidos- al aislar, paralizar financieramente y destruir las carreras de aquellos en la profesión legal que se atrevieron a desafiar la narrativa respaldada por el Gobierno de que las elecciones de 2020 fueron las más seguras en la historia de nuestra nación.
Entre las tácticas utilizadas para convertir a los abogados en figuras "tóxicas para su comunidad" se encuentran la presentación de denuncias éticas, la tergiversación de su trabajo en la prensa, la negativa a examinar las pruebas de irregularidades electorales, la demonización de quienes plantean las reclamaciones y la presión a las asociaciones profesionales para que los dejen solos.
Los antiguos griegos condenaban al ostracismo por motivos políticos. Entre los casos más famosos se encuentra el de Tucídides, autor de la Historia de la guerra del Peloponeso, que fue castigado con el destierro por no haber impedido con su flota la toma de Anfípolis. Los antiguos romanos exiliaban a sus ciudadanos. Cicerón, el gran orador, filósofo y abogado romano, fue desterrado debido a una ley retroactiva aprobada por sus enemigos políticos por sus acciones relacionadas con la conjura de Catilina. Un ejemplo más reciente: Aleksandr Solzhenitsyn fue sentenciado por la Unión Soviética a un campo de trabajo y posteriormente al exilio interno por criticar a Stalin. Estos ejemplos difieren de lo que está perpetrando The 65 Project debido a la importancia de la libre asociación en Estados Unidos. Lo vuelven, también, más peligroso.
Los esfuerzos por excluir a ciudadanos cultos -o volverlos 'tóxicos', como intenta hacer The 65 Project- laceran a las instituciones democráticas y la república constitucional.
En 1835-40, Alexis de Tocqueville, autor de La democracia en América, destacó la extraordinaria práctica estadounidense de formar asociaciones políticas y civiles. Observó que los ciudadanos de una república democrática son débiles cuando actúan individualmente y más propensos a tener una percepción limitada o estrecha. Quienes, en cambio, forman parte de un grupo o asociación amplían el alcance de su visión u objetivo y, al actuar de forma concertada, son más fuertes y eficaces. Los esfuerzos por excluir a ciudadanos cultos -o volverlos tóxicos, como intenta hacer The 65 Project- laceran a las instituciones democráticas y la república constitucional.
La asociación forma parte de los cimientos de la experiencia estadounidense. Más allá de la camaradería o los intereses compartidos, el objetivo de buscar soluciones a problemas locales o nacionales también impulsa cambios. Las asociaciones no pueden legislar, pero sí influir en la opinión pública, hacer recomendaciones políticas y proponer leyes. Pueden denunciar irregularidades y promover soluciones.
Abundan los ejemplos de ciudadanos americanos que forman asociaciones: grupos contra la esclavitud, grupos de derechos civiles, Mothers Against Drunk Drivers, el Tea Party y grupos de integridad electoral, por nombrar sólo algunos. Estas asociaciones cruzan divisiones políticas y sociales y perpetúan los fundamentos democráticos de Estados Unidos a través de una amplia participación cívica. Difamar a las personas -volverlas tóxicas- por haber representado a clientes o causas impopulares limita o impide la participación de ciudadanos cualificados y, por tanto, atenta contra la vibrante práctica de asociarse para avanzar objetivos compartidos. En Pakistán, por ejemplo, los abogados son asesinados o amenazados de muerte (aquí y aquí) por defender opiniones molestas. ¿Realmente queremos adoptar una versión de eso?
Preservar la integridad de las elecciones exige las mayores salvaguardias y el máximo celo.
Es necesaria una respuesta contundente. Hay muchas maneras de ayudar a luchar contra este debilitamiento del sistema judicial, que promete a todos el derecho a una representación legal. Una de ellas es prestar apoyo financiero a los abogados que están siendo atacados. Otra, que personas con experiencia o conocimiento de los hechos se ofrezcan a testificar frente a los colegios de abogados en juicios o audiencias, o presentar amicus curiae en apoyo de los acusados. O defender sus interpretaciones legales en escritos judiciales y frente a la prensa. Los propios letrados pueden pasar a la ofensiva y presentar denuncias deontológicas contra quienes presentan estas acusaciones contrarias a la ética.
La incapacidad de exigir responsabilidades a aquellos difamadores se debe, en parte, al caso New York Times contra Sullivan (1960), que estableció que las figuras públicas sólo pueden prevalecer contra quienes las difaman si demuestran que estas últimas obraron con malicia real. Ese fallo ha incentivado la retórica tóxica en la política estadounidense. Los jueces del Tribunal Supremo Clarence Thomas y Neil Gorsuch instaron, hace poco, a que se reconsidere el caso.
Al disidir del dictamen de Berisha vs. Lawson, el juez Gorsuch escribió:
Lo que empezó en 1964 con la decisión de tolerar falsedades ocasionales para garantizar que un puñado de medios impresos y audiovisuales puedan proveer una información sólida se ha convertido en una férrea subvención a la publicación de falsedades a una escala antes inimaginable.
El juez Thomas añadió en su voto particular:
El pronunciamiento de este tribunal de que la Primera Enmienda exige que las figuras públicas demuestren malicia real no guarda relación con el texto, la historia o la estructura de la Constitución.
Anular el caso Sullivan facilitaría la interposición de demandas por difamación y desalentaría las mentiras y tergiversaciones sobre los argumentos jurídicos relacionados con las elecciones de 2020.
Las elecciones de 2020 estuvieron plagadas de irregularidades. Dar plataformas a quien de ello tiene pruebas es esencial para garantizar la integridad de nuestras elecciones, y la confianza que merecen del público. Es crucial sacar a la luz la negativa de los tribunales a examinar toda prueba de anomalía electoral. Los abogados que llevan estas causas deberían estar en primera línea durante este año electoral. En lugar de ello, se les señala y rechaza, lo que sólo sirve para frustrar la revisión de las pruebas y, aún peor, evitar futuras incorrecciones.
Las elecciones ponen en práctica el consentimiento de los gobernados. Preservar la integridad de las elecciones exige las mayores salvaguardias y el máximo celo. Los abogados que intervienen en litigios electorales o que defienden a clientes cuyas opiniones pueden no ser populares merecen aplausos por estar trabajando dentro de un marco constitucional para apoyar un pilar de la república constitucional de Estados Unidos.
No permita que grupos como The 65 Project dicten quién es aceptable.
Por último, es crucial que individuos, grandes organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro del otro lado de la línea divisoria del lawfare participen en una amplia defensa de estos individuos, abrazándolos públicamente mediante convocatorias a foros y actividades públicas e invitándolos a formar parte de juntas directivas. Que destaquen sus carreras, el trabajo que realizaron en relación con los desafíos electorales de 2020 y por qué sus argumentos son dignos de debate.
No permita que grupos como The 65 Project dicten quién es aceptable. No avale los esfuerzos por tratar como parias a quienes se oponen a las falsas narrativas gubernamentales, sino que reconozca sus logros. Un ejemplo reciente es el Premio al Valor que el David Horowitz Freedom Center concedió a uno de estos abogados por su labor jurídica.
En el mundo académico, organizaciones como Foundation for Individual Rights in Education y National Association of Scholars defendieron a miembros del profesorado que habían sido objeto de ataques por su discurso y sus posturas. ¿Dónde está la respuesta equivalente de las asociaciones profesionales de abogados, grupos de reflexión e instituciones académicas? ¿Dónde están esas organizaciones que se enorgullecen del debate? Los que permanecen en silencio, ¿aprueban tácitamente los esfuerzos de The 65 Project para volver tóxicos a estos abogados? ¿Tienen miedo? ¿Eligen no defender las prácticas fundamentales de imparcialidad, debate y disensión?
Tocqueville reconoció durante su visita en la década de 1830 que la libertad de los estadounidenses para asociarse por el bien político era ilimitada. El empeño en que ciertos abogados se tornen tóxicos, ¿lo pone en duda? Tocqueville también veía a las asociaciones como una garantía contra la tiranía de la mayoría y el dominio de los partidos. Dada la creciente tendencia de nuestro Gobierno hacia el autoritarismo, América necesita asociaciones sólidas más que nunca.
