Régimen de Nicolás Maduro deporta a expresidentes, diputados y dirigentes políticos internacionales a dos días de las elecciones presidenciales en Venezuela

A días de las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro está tomando medidas drásticas para limitar la presencia de observadores internacionales críticos. La dictadura ya ha expulsado a una veintena de dirigentes y exmandatarios de Europa y América Latina que pretendían supervisar el proceso electoral, mientras abre sus puertas a aliados del chavismo.

Entre los deportados se encuentra la expresidente panameña Mireya Moscos, el exmandatario mexicano Vicente Fox, el boliviano Jorge Quiroga, y otros exmandatarios como el costarricense Miguel Ángel Rodríguez, así como la vicepresidenta colombiana Martha Lucía Ramírez.

Además, la senadora colombiana Angélica Lozano también sufrió el bloqueo y denunció un trato abusivo, así como la confiscación temporal de su pasaporte.

El grupo más numeroso de deportados llegó desde España. La delegación incluía al vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons; al vocero del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado; y a las diputadas Cayetana Álvarez de Toledo, Macarena Montesinos y Belén Hoyo. También formaban parte del grupo el eurodiputado Juan Salafranca y los senadores Juanjo Matari y Alfonso Serrano. El eurodiputado portugués Sebastiao Bugalho se unió a ellos.

González Pons y otros miembros de su equipo, incluidos políticos del Partido Popular y eurodiputados portugueses, expresaron su preocupación por el riesgo de un posible fraude electoral, criticaron enérgicamente su expulsión y cuestionaron la transparencia del proceso.

En contraste, el chavismo ha facilitado la entrada a aliados como el expresidente colombiano Ernesto Samper y el expresidente dominicano Leonel Fernández, quienes forman parte de la delegación del Grupo de Puebla. Este grupo, que apoya las políticas chavistas y cubanas, ha sido recibido con gran cordialidad en Caracas.

Reacciones y expectativas

La restricción de la presencia internacional ha provocado reacciones significativas. Estados Unidos ha instado a las autoridades venezolanas a permitir una mayor vigilancia durante las elecciones.

El politólogo Walter Molina Galdi señaló que estas acciones son típicas de un régimen autoritario que busca evitar la vigilancia externa mientras mantiene su control.

A pesar de las restricciones, la oposición venezolana ha preparado un despliegue de aproximadamente un millón de voluntarios para intentar garantizar la integridad del proceso electoral y la correcta contabilización de los votos.

Sin embargo, con las crecientes tensiones y la falta de observación imparcial, la percepción global de la legitimidad de las elecciones presidenciales en Venezuela se está viendo cada vez más afectada, mientras la oposición se prepara para enfrentar los desafíos inminentes.