Un juez enfrentado con Trump decidirá si se revela la orden que permitió allanar la casa de Ilhan Omar

La orden judicial que permitió a los agentes federales entrar en la casa de la congresista demócrata Ilhan Omar podría salir a la luz, y la decisión quedó en manos de un magistrado con una larga historia de choques con el presidente Donald Trump.

James Boasberg, juez principal del Tribunal de Distrito de Washington D.C. y nombrado en su momento por el expresidente Barack Obama, tendrá que resolver si el documento sigue sellado o se hace público.

Según informó Fox News, el caso llegó a su despacho a partir de tres pedidos distintos para desclasificar la orden. Uno lo presentó el New York Times, otro la organización conservadora Judicial Watch y el tercero un grupo de 14 medios de comunicación. Que la solicitud llegue desde sectores tan diferentes muestra el interés que despierta un operativo sin precedentes contra una legisladora en ejercicio, especialmente en plena campaña electoral y en medio de diversos reportes sobre su estatus migratorio y la posibilidad de que pierda la nacionalidad estadounidense.

A pesar del interés del público, el Departamento de Justicia se opone. La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, sostuvo que la orden todavía no terminó de ejecutarse y que divulgar su contenido podría comprometer la investigación. “Esta solicitud parece precipitada porque es precipitada”, dijo, y pidió que el tribunal la rechace hasta que se complete el registro y se anuncie una decisión sobre posibles cargos. Boasberg había fijado el 22 de octubre como plazo para que el Gobierno defendiera su postura, pero lo extendió a pedido de la Fiscalía. Los medios, en cambio, argumentan que el allanamiento ocurrió hace semanas y que, si hay información sensible, basta con tacharla en lugar de ocultar el documento completo.

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El juez y el presidente tienen un largo historial de enfrentamientos. En marzo de 2025, Boasberg frenó de forma temporal los vuelos de deportación de presuntos pandilleros venezolanos, una situación que generó mucha molestia en el presidente, quien calificó al magistrado de ser “juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador”.

La bronca entre ambos fue tal que Trump, incluso, pidió su juicio político y aseguró que en la capital le resultaba prácticamente imposible obtener un fallo honesto. Desde entonces, el magistrado volvió a quedar en la mira del oficialismo por otras decisiones, como la orden de preservar los mensajes de Signal en los que altos funcionarios discutieron los ataques en Yemen. Sus críticos también recuerdan la condena de libertad condicional que impuso al exabogado del FBI Kevin Clinesmith, quien admitió haber alterado un correo en el proceso para vigilar a Carter Page, exasesor de la campaña de Trump.

El allanamiento del 12 de octubre forma parte de dos investigaciones federales contra Omar. Una, a cargo de la Fiscalía de Washington, examina discrepancias en sus declaraciones patrimoniales. La otra, en Minnesota, busca determinar si su padre falseó su edad en los trámites de ciudadanía del año 2000, lo que le habría permitido a ella naturalizarse como menor. Omar llegó a Estados Unidos desde Somalia en 1995, con 12 años.

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La legisladora, por su parte, mantiene su propia pelea con el Departamento de Justicia. Sus abogados exigieron la devolución de todo lo incautado y sostienen que los agentes vulneraron las protecciones de su labor legislativa, no le entregaron una copia de la orden y le impidieron comunicarse con su defensa durante el registro.

Omar no ha sido acusada de ningún delito y niega cualquier irregularidad. El operativo se produjo a pocas semanas de las elecciones de medio término, en un momento en que el presunto fraude en los programas sociales de Minnesota se había convertido en uno de los grandes temas políticos del estado.