¿Qué implica que Trump extendiera hasta 2027 una de las principales bases legales del embargo a Cuba?

El presidente Donald Trump prorrogó por un año más las facultades de la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading With the Enemy Act, TWEA) aplicadas a Cuba, una decisión que mantiene vigente hasta el 14 de septiembre de 2027 uno de los principales pilares jurídicos del régimen de sanciones económicas de Estados Unidos contra la isla.

La Determinación Presidencial 2026-21, firmada por Trump, establece que mantener esas facultades durante otro año responde al “interés nacional de Estados Unidos”. El documento continúa específicamente las autoridades implementadas mediante las Cuban Assets Control Regulations (CACR), administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

“Determino que la continuación del ejercicio de esas facultades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional para Estados Unidos”, señala la determinación presidencial.

Trump ha aumentado la presión sobre La Habana

La decisión llega además en medio de una política mucho más amplia de presión de la Administración Trump contra el régimen cubano.

El 29 de enero de 2026, Trump declaró una emergencia nacional relacionada con el Gobierno de Cuba y estableció un mecanismo que permite imponer aranceles adicionales sobre productos procedentes de países que vendan o suministren petróleo, directa o indirectamente, a la isla. La orden no establece automáticamente un arancel para todos esos países, sino un procedimiento mediante el cual los departamentos de Comercio y Estado pueden recomendar esas medidas.

Posteriormente, el 1 de mayo, Trump firmó otra orden ejecutiva que amplió la capacidad de Washington para sancionar a funcionarios, entidades y personas extranjeras vinculadas al Gobierno cubano, incluidos actores que proporcionen apoyo financiero o material al régimen.

OFAC ha aclarado que este nuevo programa funciona de manera paralela a las sanciones tradicionales establecidas mediante las Cuban Assets Control Regulations y que estas últimas continúan plenamente vigentes.

Una política que se remonta a seis décadas

Las restricciones comerciales estadounidenses contra Cuba comenzaron a consolidarse a comienzos de la década de 1960, después de las expropiaciones de propiedades estadounidenses por parte del régimen de Fidel Castro. Las Cuban Assets Control Regulations fueron promulgadas en julio de 1963, bajo autoridades entre las que figura la Trading With the Enemy Act.

Décadas después, el Congreso reforzó y codificó buena parte de esa política mediante nuevas leyes, lo que limita la capacidad de un presidente para eliminar unilateralmente todo el entramado del embargo.

Durante la Administración de Barack Obama, Washington inició un proceso de normalización diplomática con La Habana y retiró a Cuba de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo en 2015. Trump revirtió gran parte de ese acercamiento durante su primer mandato, y Cuba fue nuevamente designada patrocinadora del terrorismo en enero de 2021. 

En los últimos días del mandato de Joe Biden en 2025 ocurrió algo similar, -Cuba fue excluida del listado- menos de una semana después, con la segunda llegada de Trump al poder, la isla regresó a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. 

Con su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha endurecido nuevamente la política hacia La Habana y ampliado las herramientas de presión económica contra las estructuras estatales y militares que controlan sectores importantes de la economía cubana.

La nueva prórroga hasta septiembre de 2027, por tanto, no supone un cambio inesperado en la arquitectura del embargo, pero sí garantiza que una de sus bases jurídicas más antiguas continuará vigente mientras Washington desarrolla una estrategia de sanciones considerablemente más amplia contra el régimen cubano.