El Departamento de Justicia (DOJ) demandó oficialmente a Oklahoma por una ley migratoria que entrará en vigor en julio. La cartera liderada por Merrick Garland busca impugnar la legislación HB 4156 es contraria a la Constitución e ignora el "precedente establecido por la Corte Suprema". Kevin Stitt, gobernador del Sooner State respondió y atacó a la Administración Biden por provocar una crisis fronteriza.

El DOJ presentó oficialmente la demanda en la tarde del martes, argumentando que apunta contra la mencionada ley para "garantizar que Oklahoma se adhiera a la Constitución y al marco adoptado por el Congreso para la regulación de la inmigración".

¿Qué hace la nueva ley migratoria de Oklahoma?

De acuerdo con Fox News, la ley HB 4156 "tipifica como delito estatal la estancia ilegal en el estado, otorga a las fuerzas de seguridad locales la capacidad de detener a inmigrantes ilegales y les obliga a abandonar el estado en un plazo de 72 horas tras la condena o la puesta en libertad".

El gobernador Stitt firmó recientemente el texto, por lo que recién entrará en vigor en julio. Además, el republicano responsabilizó a la Administración Biden por la necesidad de aprobar la ley y la criticó por también intentar frenar los remedios estatales. "No sólo eso, sino que obstaculizan el camino de los estados que intentan proteger a sus ciudadanos", señaló.

"Oklahoma está limpiando el desastre de la Administración Biden"

El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, se sumó al gobernador y disparó contra el DOJ por la demanda.

"Oklahoma está ejerciendo su poder concurrente y complementario como estado soberano para abordar una crisis pública en curso dentro de sus fronteras a través de una legislación apropiada. Para decirlo de manera más directa, Oklahoma está limpiando el desastre de la Administración Biden a través de medios totalmente legales en su propio patio trasero, y continuará haciéndolo decididamente, complementando las prohibiciones federales con sanciones estatales sólidas", señaló.

El Sooner State se une a Texas y a Iowa, estados republicanos que aprobaron leyes para combatir la crisis migratoria de la Administración Biden y que también fueron apuntados por el Departamento de Justicia.