Lawfare, la profecía autocumplida que amenaza a la democracia

La popularidad alcanzada por el término lawfare es uno de los indicadores más claros de que hay un problema grave con nuestro ordenamiento democrático. Generalizado hace pocos años, su significado alude a la judicialización de la política y a la consecuente expansión del Poder Judicial hacia temas que antiguamente sólo se trataban en el marco del quehacer político y se resolvían mediante las urnas. Se trata de una herramienta global de polarización, lo que significa que, en la discusión política actual, está tristemente aceptado que el sistema judicial de un país tenga una preferencia política o ideológica determinada y actúe según esa prioridad. El cambio de paradigma que esta idea representa es brutal, dado que constituye una amenaza, para esa misma democracia, que los ciudadanos ya no crean en la imparcialidad de los jueces.

La expresión es un neologismo que surge de la contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), y denuncia al Poder Judicial que es utilizado como un actor partidario dedicado a desprestigiar la carrera política de un opositor, inventando o ignorando, ralentizando o acelerando causas judiciales al gusto del cliente político de turno. El neologismo aparece por primera vez en un artículo de 1975, escrito por John Carlson y Neville Thomas Yeomans, titulado Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity, donde los autores consideran que la búsqueda de lo justo había sido reemplazada por una batalla cuyo tablero eran los tribunales. Posteriormente fue popularizado por Charles J. Dunlap Jr., en un ensayo del 2001 para el Harvard’s Carr Center llamado Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts, donde el lawfare se definió como “el uso de la ley como un arma de guerra”.

Según esta teoría, el instrumento del lawfare es utilizado por el poder y sus secuaces para destruir alternativas políticas persiguiendo y encarcelando a sus representantes. Pero también se ha acusado de lawfare a acciones judiciales que imputan a quienes están en el poder, en cuyo caso los acusados alegan conspiraciones realizadas por poderes subterfugios más poderosos que el mismísimo poder institucional. Por cierto, políticos, ex o actuales mandatarios nacionales e internacionales, artistas, influencers, periodistas y opinólogos de toda laya se horrorizan por las causas judiciales que acumulan los políticos con los que tienen cercanía ideológica, pero ven la más estricta independencia por las causas de sus oponentes; aún cuando la evidencia de falta de independencia judicial sea flagrante. 

Así las cosas, en Francia, luego de ser la opción política más votada y que se necesitara un acuerdo del presidente Macron con el antisemita Melenchon para correrla del podio, Marine Le Pen ha sido acusada por la Fiscalía Penal francesa que le ha abierto una investigación por "financiación ilegal" relacionada con su campaña presidencial del 2022. Se la acusa de usar los fondos del Parlamento Europeo, principalmente de los salarios de los asistentes parlamentarios e incluso de su guardaespaldas, en campañas políticas. Por estos cargos Le Pen se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión y, la clave, a la prohibición de presentarse a un cargo electivo si es declarada culpable tras el juicio por malversación de fondos que se iniciará en París en septiembre; lo que la dejaría fuera de carrera presidencial de 2027. Al enterarse del proceso, Le Pen acusó al poder judicial de actuar de una manera "sobre todo política". 

Recientemente, Donald Trump fue condenado por el pago hecho, durante la campaña presidencial de 2016, a la estrella de cine porno Stormy Daniels para asegurarse de que no publicara información íntima sobre ambos. La respuesta de Trump al juicio y a la posterior condena fue que había sido utilizado para ensuciarlo y obstaculizar su campaña presidencial. Lo mismo se ha dicho del proceso judicial que culminó con la inhabilitación que impide a Jair Bolsonaro presentarse a nuevas candidaturas, y el mismo argumento se usó para denunciar una persecución judicial de su archienemigo Lula Da Silva cuando fue encarcelado por corrupción. Y lo mismo se ha dicho acerca de la inhabilitación que aplica la dictadura venezolana a la dirigente opositora María Corina Machado. 

Una de las lideresas políticas más influyentes del socialismo latinoamericano, Cristina Fernández de Kirchner, utilizó la idea de lawfare para referirse a sus múltiples causas judiciales, y a las causas de sus compañeros de ruta nacionales e internacionales. La señora Kirchner utilizó como ejemplos de su relato victimista contra los “ocultos poderes del neoliberalismo” no sólo sus causas judiciales sino las causas del expresidente Rafael Correa y el expresidente Evo Morales cuando ambos huyeron de la Justicia de su país. Pero cuando Evo Morales pudo regresar a Bolivia (y poner en el poder a un títere como también lo hiciera Cristina Kirchner en Argentina) llevó a juicio a la dirigente opositora y expresidente Jeanine Áñez y al también opositor gobernador Luis Fernando Camacho. Las voces opositoras denunciaron, entonces, que la Justicia estaba al servicio de Evo. Todos los políticos y sus seguidores ven, en los cargos y las investigaciones en su contra, una persecución política o lawfare. Es una narrativa que comparten Trump y CFK, Bolsonaro y Lula, Machado y Añez, y ahora Le Pen.

En nuestra, hoy tan mancillada, democracia liberal, la independencia y la separación de poderes del Estado eran una garantía contra los abusos o injusticias por parte de los gobernantes. El Poder Judicial, al imponer la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, se erigía como ese espacio de neutralidad en el que todos debíamos responder del mismo modo más allá de nuestras posiciones económicas, sociales, e incluso ideológicas. Este principio fue recogido en nuestras Constituciones y rigen las vidas de los ciudadanos. O al menos eso creíamos. Pero la pertinaz degradación de nuestras instituciones alcanza también a la Justicia y, en todo occidente, la confianza en los jueces y en su accionar está por el piso. 

Si bien es cierto que siempre existieron jueces corruptos, sectores privilegiados y procesos amañados, lo cierto es que la Justicia como espacio neutro era un sólido aspiracional, dique de contención de totalitarismos. Pero la polarización política corroe absolutamente todo, hasta hacernos desear que, quienes no comparten nuestra postura política sean detenidos por cualquier medio, incluyendo juicios injustos o causas judiciales que hace 20 años no habrían tenido lugar. Actualmente las denuncias abundan a izquierda y derecha, desmintiendo la teoría del Socialismo del Siglo XXI, según la cual sólo se aplicaba el lawfare contra los líderes de izquierda, para sacarlos de las carreras electorales. 

Lo cierto es que, ante la desconfianza en la institución judicial, los políticos, los jueces, los fiscales, las élites corporativas y los miembros de eso que llamamos el establishment; están utilizando el proceso legal para atacarse e impedir la competencia electoral. Todos sentimos que es injusta la acusación a los nuestros y todos sentimos que el poder está del lado de los otros. Y posiblemente haya casos justos e injustos, casos repugnantes que son actos políticos que otrora no habrían llegado a la Justicia y casos aberrantes que otrora la Justicia habría condenado y hoy quedan impunes.

El Socialismo del Siglo XXI ha sido, entre otras cosas, un exitoso propagador de narrativas y fue el que popularizó el concepto de lawfare, lo retorció y tergiversó, convirtiendo a la institución judicial en un enemigo cuando no pudo cooptarla. Pero poco ha hecho el resto del arco político, todo lo que está a la derecha de la izquierda, para defender a la institución y a su neutralidad, y poco ha hecho la institución misma por recobrar su rol sagrado dentro de la democracia. Cuando una sociedad está en decadencia no está un poquito en decadencia ni decae en fragmentos. La Justicia no escapa al ocaso y, desgraciadamente, la sociedad percibe a uno de los poderes del Estado como un instrumento político más para destruir al adversario cuando no alcanzan las urnas. 

La narrativa del lawfare le ha robado a los jueces probos su condición de garantes de justicia y ha convertido a los jueces militantes en parte de una casta autócrata opuesta a la voluntad popular. Y ya nadie distingue quién es quién. Hoy los jueces de las cortes supremas son famosos y sus fallos son vistos no como parte de una sabia decisión sino como un estertor de su afiliación ideológica. Tiene sentido que, de ahí para abajo, nadie crea en el poder judicial. La polarización política deslegitimó al Poder Judicial, transformado en un poder reaccionario que pretende inclinar la balanza electoral extendiendo su campo de acción más allá de lo deseable. Y gran parte de esa responsabilidad la tienen los poderes legislativos, regulando cada centímetro de la vida, permitiendo al poder intervenir en espacios antiguamente no judicializables.

El lawfare es la profecía autocumplida que deviene de la desconfianza en nuestro ordenamiento y, en consecuencia, en las estructuras que imposibiliten el despotismo. La separación de poderes como forma de limitar la concentración y abuso de poder ha sido durante siglos la obsesión de todo aquel que pensara la política como la mejor forma de convivencia social. Sobre esa separación se cimenta el constitucionalismo democrático contemporáneo, y hoy está inmunodeprimido y en peligro mortal, aquí es donde entra el virus del lawfare. La teoría del lawfare se va a seguir usando y va a crecer en los próximos años. Con ejemplos justos e injustos, seguirá sirviendo para sostener que el Poder Judicial es un instrumento político electoral más, y terminará siendo la herramienta para desmantelar las constituciones y sus equilibrios, llevando a la democracia liberal por caminos muy distintos a los que soñaron quienes las escribieron con la esperanza de fundar sociedades libres y justas.