La Corte Suprema le permite a Trump reanudar las deportaciones de miembros del Tren de Aragua bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

La Corte Suprema de los Estados Unidos anunció este lunes que oficialmente le permitía a la Administración del presidente Donald Trump reiniciar las deportaciones de migrantes que sean miembros del grupo terrorista venezolano Tren de Aragua, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El alto tribunal aprobó el permiso tras una ajustada votación de 5 votos a favor y 4 en contra, concediéndole una solicitud de alivio de emergencia que el Departamento de Justicia había presentado previamente en la disputa sobre el uso que hizo Trump de la ley para remover rápidamente, y sin ningún tipo de audiencia, a presuntos miembros de la organización criminal. Los cuatro jueces que se opusieron fueron los tres liberales y la conservadora Amy Coney Barrett, nominada por el mandatario republicano durante su primera Administración.

En una decisión no firmada, la máxima instancia del poder judicial estadounidense detalló que aquellos detenidos que actualmente están impugnando sus deportaciones bajo la ley invocada por Trump están recluidos en el estado de Texas, por lo que el Distrito de Columbia —que es donde se había tratado originalmente el caso— no era el lugar adecuado para litigar este asunto. Tras levantar dos órdenes judiciales temporales que el juez federal James Boasberg había emitido y que impedían las deportaciones bajo la ley, el alto tribunal también señaló que “como resultado, es probable que el gobierno tenga éxito en el fondo del caso”.

Un cambio sustancial

A pesar de la aprobación de este permiso, un cambio importante exigido por la Corte Suprema fue que aquellos detenidos sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros después de la fecha de la orden del alto tribunal debían “recibir un aviso” de que enfrentan la deportación bajo la norma. “El aviso debe darse dentro de un plazo razonable y de manera que les permita realmente solicitar un recurso de hábeas corpus en la jurisdicción adecuada antes de que se produzca la deportación”, detalló la máxima instancia del poder judicial estadounidense.

De igual forma, la Corte Suprema afirmó en su decisión que los detenidos sujetos a órdenes de deportación bajo la ley invocada por el mandatario republicano tienen todo el derecho a ser notificados e incluso a impugnar su expulsión. “La única pregunta es qué tribunal resolverá esa impugnación. Por las razones expuestas, sostenemos que la jurisdicción corresponde al distrito donde se encuentran detenidos”, señaló el alto tribunal. Dicha especificación contradice los argumentos esgrimidos durante los últimos días por varios miembros de la Administración, como el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller, quien en varias ocasiones ha asegurado que el proceso al que tienen derecho de recurrir los detenidos bajo la ley es la deportación.