La UE inyecta otros 10 millones de euros a Cuba pese a las dudas sobre el control de los fondos

La Comisión Europea aprobó este jueves un nuevo paquete de 10 millones de euros (11,7 millones de dólares) en ayuda humanitaria para Cuba, una decisión que amplía el respaldo financiero del bloque comunitario a la Isla en medio del agravamiento de la crisis económica y social, pero que también reaviva el debate sobre la transparencia de los programas internacionales ejecutados en coordinación con instituciones del régimen cubano.

El nuevo financiamiento fue anunciado por la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO), que justificó la medida por el deterioro de las condiciones de vida de la población, marcado por la escasez de alimentos, medicamentos, combustible y los prolongados cortes eléctricos que afectan al país.

Según la Comisión Europea, los recursos estarán destinados a atender a los sectores más vulnerables —entre ellos adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y lactantes— mediante programas de asistencia sanitaria, distribución de alimentos de emergencia, rehabilitación de sistemas de agua potable y apoyo logístico para comunidades aisladas.

La ayuda aumenta, pero también las preguntas

Aunque Bruselas insiste en que la ayuda humanitaria se canaliza exclusivamente a través de organizaciones humanitarias presentes sobre el terreno, la ejecución de estos programas requiere coordinación con instituciones estatales cubanas, como ocurre con la mayoría de los proyectos internacionales desarrollados en la Isla.

Ese modelo de cooperación ha sido objeto de críticas durante años por parte de organizaciones de derechos humanos, centros de investigación y sectores de la oposición cubana, que sostienen que la ausencia de mecanismos independientes de auditoría y fiscalización impide verificar de manera transparente el destino final de los recursos.

Las críticas no cuestionan la necesidad de atender la emergencia humanitaria que vive la población cubana, sino las limitadas garantías existentes para comprobar que la ayuda llegue íntegramente a sus beneficiarios en un país donde el régimen mantiene un férreo control sobre buena parte de la infraestructura sanitaria, logística y administrativa mediante la cual se ejecutan estos programas.

Más de 130 millones de dólares aprobados en pocas semanas

La decisión de la Comisión Europea se produce apenas semanas después de que varios organismos internacionales aprobaran nuevos programas de cooperación para Cuba que, en conjunto, superan los 130 millones de dólares y que también serán ejecutados en coordinación con instituciones oficiales cubanas.

El pasado 26 de junio, la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) aprobó el Programa País para Cuba 2026-2030, dotado con 116,4 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Posteriormente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunció la selección de 63 iniciativas dentro del proyecto "Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible (NAE)", financiado por la propia Unión Europea.

Entre los beneficiarios figuran incluso entidades vinculadas al sector estatal, como Soluciones Copextel, relacionada con la empresa pública COPEXTEL; InnovaSolar, en Guantánamo; y Servivip, en La Habana.

Un debate que vuelve a cobrar fuerza

La aprobación de estos nuevos recursos vuelve a colocar bajo la lupa la política de cooperación de la Unión Europea hacia Cuba.

Mientras Bruselas defiende que su asistencia responde exclusivamente a criterios humanitarios y busca aliviar las necesidades más urgentes de la población, diversos analistas y organizaciones independientes sostienen que la falta de transparencia del régimen cubano dificulta comprobar el uso efectivo de los recursos internacionales, debido a la inexistencia de auditorías independientes, acceso público a la información y mecanismos externos de supervisión.

En ese contexto, los nuevos 10 millones de euros aprobados por la Comisión Europea reabren una discusión recurrente: cómo garantizar que la ayuda internacional beneficie realmente a los ciudadanos cubanos cuando buena parte de los programas deben ejecutarse en coordinación con un aparato estatal que concentra el control de la distribución, la logística y los principales servicios públicos de la Isla.