Colombia: la Procuraduría General pide revocar la condena contra el expresidente Uribe porque se "fundamenta en conjeturas y no en evidencia contundente"

La Procuraduría General de Colombia, organismo que actúa como ente de control independiente, presentó este lunes un recurso de apelación para tumbar la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), dictada en julio por un tribunal de Bogotá por los supuestos delitos de fraude procesal y soborno.

La decisión judicial, que convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado en la historia, ha generado un estallido de reacciones dentro y fuera de Colombia. El fallo de primera instancia, emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, concluyó que el expresidente incurrió en soborno en actuación penal al determinar que su abogado, Diego Cadena, ofreció beneficios a exparamilitares para que se retractaran de testimonios que lo vinculaban con grupos armados ilegales en los noventa. La defensa y los críticos del proceso ha calificado el juicio como una persecución política contra Uribe, poniendo en duda la legalidad de las pruebas presentadas por las autoridades, especialmente unas interceptaciones telefónicas de 2018 consideradas ilegales.

En su apelación de 81 páginas, el procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo dio razón a la defensa, sosteniendo que la sentencia presenta “vacíos en la valoración y evaluación de pruebas fundamentales” y que “no se estableció más allá de toda duda razonable” la responsabilidad de Uribe como perpetrador de los hechos. También acusa a la jueza de omitir la aplicación de principios como la presunción de inocencia.

“Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación”, reza una de las conclusiones del recurso, presentado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. “El fallo se fundamenta en conjeturas y no en evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia”.

“Así como la falta de aplicación del artículo 7 de la ley 906 que debió resultar en la absolución del procesado (...) No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados. La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”.

El caso ahora debe ser revisado por la Sala Penal N.º 9 del Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta octubre —fecha en la que prescribe el proceso— para emitir una decisión, determinando finalmente el destino de Uribe.

Mientras tanto, la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, presentará su propio recurso el 13 de agosto.

La sentencia ha sido condenada por varios líderes republicanos en Estados Unidos, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, quien denunció una instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de "jueces radicales", y el senador Rick Scott, que calificó el proceso como una “persecución política” bajo el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro.