El expresidente colombiano Álvaro Uribe confirma que cumple detención domiciliaria: "Aumentaré la lucha para derrotar la naciente mordaza neocomunista"

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez comenzó a cumplir una condena de 12 años de prisión bajo arresto domiciliario, tras ser hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza Sandra Liliana Heredia ordenó la ejecución inmediata de la medida tras la lectura del fallo el pasado viernes 1 de agosto.

Uribe compareció este miércoles ante el juzgado de Rionegro, en Antioquia, para oficializar su detención en la finca donde permanece desde la semana anterior. En un video difundido en sus redes sociales, confirmó que recibió su identificación de recluso y denunció el fallo como un intento de silenciarlo políticamente. "Con la identificación de preso, continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 2026 derrote a la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida, acabará con la nación", declaró.

Condena bajo cuestionamientos

La jueza argumentó que la orden de detención busca preservar la convivencia pacífica y evitar la percepción de impunidad frente a figuras de alto perfil. En el fallo de más de mil páginas, también se justificó la medida por el “reconocimiento público y social” del expresidente, que, según el tribunal, podría facilitar una eventual fuga.

Sin embargo, la defensa de Uribe calificó la medida de arbitraria e inconstitucional. A través de una acción de tutela presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá, alegaron que se violaron garantías fundamentales al imponer una privación de libertad antes de que se resolviera la apelación en segunda instancia. También denunciaron que se vulneró su presunción de inocencia al tratarlo como culpable sin una sentencia en firme.

Como parte de esa tutela, solicitaron una medida cautelar para suspender la detención mientras se resolvía el recurso, pero fue rechazada. La magistratura concluyó que no se cumplían los criterios de urgencia, necesidad y carácter inaplazable que justificarían una intervención constitucional en ese momento.