“Precedente preocupante”: Rubio denuncia “instrumentalización” de la Justicia en Colombia tras el controvertido fallo contra Uribe

El secretario de Estado, Marco Rubio, condenó este lunes la “instrumentalización” del sistema judicial colombiano tras conocerse el fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se convirtió este 28 de julio en el primer exmandatario en la historia de Colombia en ser condenado por un tribunal, a la espera de que el proceso avance hacia una inevitable apelación.

“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, escribió Rubio en su cuenta oficial de ‘X’, horas después del controvertido fallo leído por la jueza penal 44 de Bogotá Sandra Liliana Heredia.

Las declaraciones del alto funcionario estadounidense fueron acompañadas por mensajes similares de diversos congresistas republicanos de la Florida.

Uno de ellos fue el senador Rick Scott, quien calificó a Álvaro Uribe como un líder de la libertad.

“La persecución política y los brutales ataques bajo el régimen socialista de Petro son inaceptables. No silenciarán la lucha por la libertad. Estados Unidos apoya al pueblo colombiano y no ignorará la injusticia”.

La representante María Elvira Salazar fue una de las más críticas con el proceso:

“Hoy no se hizo justicia en Colombia. Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía. Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela”.

En esa senda, el congresista Carlos Giménez calificó el proceso como una farsa: “El presidente Álvaro Uribe es un patriota. Es el Abraham Lincoln de América Latina y acaba de ser sentenciado en los tribunales canguro de @petrogustavo. No hubo nada justo en este juicio”.

A ambos se les unió el representante Mario Díaz-Balart, quien criticó al actual presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro.

“Como he advertido en numerosas ocasiones, la decisión del juicio falso, la persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente Álvaro Uribe es una evidente violación del estado de derecho y refleja el avance de fuerzas extremo izquierda que controlan a Gustavo Petro”.

¿Qué dice el fallo?

La jueza Sandra Heredia, quien ha dividido Colombia tras la lectura de su fallo, encontró “probado” que el expresidente Uribe incurrió en el delito de soborno en actuación penal, al determinar que su abogado, Diego Cadena, ofreció beneficios jurídicos y metálicos a exparamilitares para que se retractaran de testimonios que vinculaban a Uribe con antiguos grupos paramilitares de Antioquia durante la década del noventa.

Durante la extensa lectura del fallo, que duró más de ocho horas, la jueza dio credibilidad a las declaraciones del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y de su expareja, quienes señalaron haber sido presionados para cambiar sus versiones por personas vinculadas a Uribe. Según el fallo, las acciones presentadas por la Fiscalía se ejecutaron tanto de forma presencial —en la cárcel de La Picota— como remota, mediante comunicaciones desde otras ciudades.

La sentencia, de primera instancia, entrará en una instancia de apelación de acuerdo con la defensa. Sin embargo, el tiempo juega en contra, pues el proceso legal prescribe el 16 de octubre de este 2025.

Un proceso irregular, dicen los críticos

Mientras la jueza Sandra Heredia atacó durante el fallo a los críticos del proceso —que la acusan de usar la Justicia para liderar una venganza contra Uribe, principal responsable de combatir la guerrilla colombiana y el narcotráfico durante su Gobierno (2002-2010)—, la prueba principal del caso sigue levantando sospechas sobre la acusación contra el mandatario: las escuchas ilegales admitidas por la magistrada.

Las pruebas claves del caso fueron las interceptaciones telefónicas realizadas en 2018. La defensa de Uribe denunció que se trató de escuchas ilegales, ya que la Corte Suprema ordenó interceptar, en realidad, al excongresista Nilton Córdoba, pero por un presunto “error” se terminó grabando al expresidente.

No obstante, la jueza echó por tierra el alegato y avaló la “legalidad” de las escuchas, rechazando las acusaciones de la defensa y respaldando las conclusiones del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema, que también consideraron válidas las pruebas.

“Este despacho considera que no puede afirmarse que en la ejecución del acto de investigación se hubiera presentado un acto de mala fe o una irregularidad intencional concertada con el fin de interceptar al señor Uribe Vélez”, dijo Heredia, quien concluyó que las grabaciones permitieron establecer contactos que buscaban manipular el testimonio de testigos.