Países de la OEA y la Unión Europea firman resoluciones para condenar las violaciones a derechos humanos y el fraude electoral de Maduro en Venezuela

En un momento de creciente preocupación internacional por la situación en Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso una resolución que condena el fraude electoral y la represión bajo el régimen de Nicolás Maduro.

La iniciativa, impulsada por Estados Unidos, exige al régimen venezolano el respeto a los derechos humanos, la voluntad del electorado y la verificación imparcial de los resultados para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

La resolución surge tras las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, ampliamente cuestionadas por irregularidades. Ante este escenario, la OEA reafirma su compromiso con la democracia en la región, destacando la importancia de la participación pacífica del electorado venezolano. Además, subraya que el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la seguridad personal y un juicio justo, debe ser una prioridad para Venezuela.

Exigencias de la OEA

La OEA hace un llamado a todas las partes involucradas, incluidas las autoridades venezolanas, para que actúen con moderación y eviten cualquier conducta que pueda obstaculizar una salida pacífica a la crisis. También enfatiza la necesidad de proteger las instalaciones diplomáticas y al personal en Venezuela, incluidos aquellos que buscan asilo, de acuerdo con el derecho internacional.

Asimismo, se exige al Consejo Nacional Electoral de Venezuela (controlado por el régimen) que publique las actas de votación de cada mesa electoral y garantice una verificación imparcial de los resultados, asegurando así la transparencia y credibilidad del proceso. La protección de los equipos y documentos utilizados en las elecciones también se ha señalado como esencial para preservar la integridad del proceso.

Desafíos diplomáticos

Aunque Estados Unidos lideró la iniciativa y contó con el apoyo de varios países, la aprobación no estuvo exenta de desafíos. Brasil y Colombia inicialmente mostraron resistencia, impulsados por sus propios intereses geopolíticos. Sin embargo, a pesar de las divisiones iniciales, las intensas negociaciones diplomáticas permitieron la aprobación de la resolución, consolidando un frente común contra las prácticas antidemocráticas del régimen de Maduro.

Declaración conjunta en Santo Domingo

Paralelamente, en el Palacio Nacional de Santo Domingo, representantes de más de veinte países emitieron una declaración conjunta solicitando al régimen venezolano que respete la Convención de Caracas y los derechos de los asilados políticos en la embajada argentina en Caracas. La declaración, leída por el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, hizo un firme llamado a la mesura y al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.

Los países firmantes, entre los que se encuentran Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Reino Unido, Países Bajos y la Unión Europea, instaron a la publicación inmediata de todas las actas electorales originales y a una verificación independiente de los resultados, preferiblemente por una entidad internacional. La declaración subraya la preocupación global por la represión y la violencia que han marcado el contexto postelectoral en Venezuela, condenando las detenciones arbitrarias y exigiendo la liberación inmediata de los detenidos.

“El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. Nos comprometemos a apoyar todos los esfuerzos en ese sentido, abogando siempre por una solución genuinamente venezolana en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz y la seguridad”, concluye la declaración.