Al menos 240 parlamentarios de Hispanoamérica respaldan la investigación de la CPI sobre el régimen de Maduro
La abogada venezolana Tamara Sujú sostuvo que la iniciativa es para exigir la responsabilidad de los autores de crímenes de lesa humanidad en el país caribeño.
Tamara Sujú, directora de Casla Institute y abogada defensora de los derechos humanos, informó de que 243 parlamentarios de Hispanoamérica respaldan la investigación que se está llevando a cabo en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Sujú sostuvo que la iniciativa es para exigir la responsabilidad de los autores.
Se trata de parlamentarios de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Emitieron un comunicado en el que sostienen que la represión y persecución sistemática contra los venezolanos continúa de forma alarmante.
La iniciativa se da luego de que, a inicios de este mes, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazara un recurso del régimen de Nicolás Maduro que pretendía impedir la investigación por crímenes de lesa humanidad.
"La decisión de la Sala de Apelaciones que dictaré se tomó por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada", dijo Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, en unas declaraciones recogidas por el diario local El Nacional.
Con la decisión, el fiscal general de la CPI, Karim Khan, reanudará su investigación sobre los hechos. De igual manera, la corte detalló que el fiscal no debe informar al régimen de Nicolás Maduro sobre todos los actos que pretende investigar.
En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “Desde 2020, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas ha identificado motivos suficientes para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad como parte de una política estatal de represión de opositores”, explicó la organización Human Rights Watch.