La Administración Trump pide a la Corte Suprema que revise el bloqueo a la Ley de Enemigos Extranjeros

La Administración Trump solicitó a la Corte Suprema que examine el fallo del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de Washington, D. C., que bloqueó temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para poder deportar a inmigrantes ilegales venezolanos, incluidos presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua.

Este viernes, los abogados del Gobierno entregaron una presentación a la Corte Suprema en la que detallaron que ha de revisar dicho bloqueo "para proteger al país de las organizaciones terroristas extranjeras y del riesgo de efectos debilitantes para las delicadas negociaciones extranjeras".

Sarah Harris, asesora jurídica de la Administración Trump, dijo, en declaraciones recogidas por AFP, que "este caso plantea cuestiones fundamentales sobre quién decide cómo se llevan a cabo operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional". Para ella, la ley "da una respuesta clara: el presidente".

Respecto al fallo del tribunal de apelaciones, Harris dijo que "amenaza las delicadas negociaciones del gobierno con potencias extranjeras", al mismo tiempo que señaló que la revisión de la Corte Suprema es necesaria para que no se produzcan "daños graves y quizás irreparables".

La disputa judicial

Este miércoles, en un fallo de 2-1, el panel de tres jueces, compuesto por Karen Henderson, Patricia Millett y Justin Walker, se negó a suspender las órdenes de restricción temporal emitidas por el juez federal de distrito James Boasberg, quien la semana pasada detuvo las deportaciones de ciudadanos venezolanos, incluidos presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, y ordenó el regreso de cualquier avión que ya hubiera despegado.

Durante los argumentos orales, la juez Millett, designada por el expresidente Barack Obama, cuestionó la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la Administración Trump. 

"Si el argumento de la Administración Trump es que la orden de restricción dictada por un juez de un tribunal inferior la semana pasada es 'una intrusión en los poderes de guerra del presidente, y [que] los tribunales están paralizados para hacer algo', entonces eso es una lectura errónea del precedente. Y es una interpretación errónea del texto de la Ley de Enemigos Extranjeros. El presidente tiene que cumplir con la Constitución y las leyes como todos los demás", declaró la magistrada.

Por su parte, la juez Henderson, elegida por el expresidente George W. Bush, respaldó la decisión al señalar: "En esta etapa inicial, el Gobierno aún no ha demostrado una probabilidad de éxito en cuanto al fondo. La equidad favorece a los demandantes. Y el tribunal de distrito dictó las órdenes de restricción temporal con un propósito esencialmente válido: proteger su autoridad correctiva el tiempo suficiente para considerar los argumentos de las partes".

El conflicto judicial comenzó el fin de semana pasado, cuando el juez James Boasberg emitió una orden de restricción temporal que prohibía a la Administración Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a ciudadanos venezolanos, argumentando la necesidad de evaluar más a fondo los méritos del caso.

El juez Boasberg también ordenó el retorno de cualquier avión que transportara migrantes deportados bajo esta ley.

Sin embargo, horas después, aviones con cientos de inmigrantes, incluidos venezolanos, aterrizaron en El Salvador, lo que desató acusaciones de desacato y una apelación de emergencia por parte de la Administración Trump.

En su apelación inicial, el Departamento de Justicia describió la orden del juez Boasberg como una "imposición masiva y no autorizada de la autoridad del Ejecutivo para expulsar a extranjeros peligrosos que representan amenazas para el pueblo estadounidense".

Mientras tanto, el juez Boasberg ha intensificado su investigación sobre si la Administración Trump violó deliberadamente su orden