Tribunal de apelaciones bloquea vuelos de deportación de la Administración Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

El miércoles un tribunal federal de apelaciones del Circuito de DC mantuvo el bloqueo temporal de los vuelos de deportación impulsados por la Administración Trump, en una decisión que pone en jaque la autoridad del Ejecutivo para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 como herramienta de inmigración.

En un fallo de 2 a 1, el panel de tres jueces, compuesto por Karen Henderson, Patricia Millett y Justin Walker, se negó a suspender las órdenes de restricción temporal emitidas por el juez federal de distrito James Boasberg, quien la semana pasada detuvo las deportaciones de ciudadanos venezolanos, incluidos presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua (TDA), y ordenó el regreso de cualquier avión que ya hubiera despegado.

El caso, que podría escalar hasta la Corte Suprema. Lo que estaba en juego era la capacidad de la Administración Trump para usar la Ley de Enemigos Extranjeros.

Una decisión dividida en el tribunal de apelaciones

Durante los argumentos orales del lunes, que el tribunal acordó escuchar de manera acelerada, la jueza Patricia Millett, designada por Obama, dominó el intercambio y expresó escepticismo sobre la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la Administración.

En un tenso debate con Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, Millett cuestionó si las deportaciones exprés dejaron suficiente tiempo para que los afectados solicitaran el hábeas corpus, un recurso clave para impugnar detenciones. 

“Si el argumento de la Administración Trump es que la orden de restricción dictada por un juez de un tribunal inferior la semana pasada es ‘una intrusión en los poderes de guerra del presidente, y [que] los tribunales están paralizados para hacer algo’, entonces eso es una lectura errónea del precedente”, afirmó Millett. 

Y añadió: “Y es una interpretación errónea del texto de la Ley de Enemigos Extranjeros. El presidente tiene que cumplir con la Constitución y las leyes como todos los demás”.

En una opinión concurrente, la jueza Karen Henderson, designada por Bush, respaldó la decisión al señalar: “En esta etapa inicial, el gobierno aún no ha demostrado una probabilidad de éxito en cuanto al fondo. La equidad favorece a los demandantes. Y el tribunal de distrito dictó las órdenes de restricción temporal con un propósito esencialmente válido: proteger su autoridad correctiva el tiempo suficiente para considerar los argumentos de las partes”. 

Por ello, Henderson concluyó que “debe denegarse la solicitud de suspensión de las órdenes de restricción temporal del tribunal de distrito”. Por su parte, el juez Justin Walker, aunque no se citan detalles de su postura en el fallo, formó parte del panel que inclinó la balanza a favor de los demandantes.

Origen del conflicto: la orden de Boasberg

El conflicto comenzó el fin de semana pasado, cuando el juez James Boasberg emitió una orden de restricción temporal que prohibía a la Administración Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a ciudadanos venezolanos, argumentando la necesidad de evaluar más a fondo los méritos del caso.

Boasberg también ordenó el retorno de cualquier avión que transportara migrantes deportados bajo esta ley.

Sin embargo, horas después, aviones con cientos de inmigrantes, incluidos venezolanos, aterrizaron en El Salvador, lo que desató acusaciones de desacato y una apelación de emergencia por parte de la Administración.

En su apelación inicial, el Departamento de Justicia describió la orden de Boasberg como una “imposición masiva y no autorizada de la autoridad del Ejecutivo para expulsar a extranjeros peligrosos que representan amenazas para el pueblo estadounidense”. 

Tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial

La Administración Trump ha mantenido una postura firme. La fiscal general Pam Bondi, en una entrevista en “Sunday Morning Futures” de Fox News, criticó duramente a los jueces de tribunales inferiores, calificando a Boasberg como “un juez fuera de control” que “intenta controlar toda nuestra política exterior”. Bondi prometió llevar el caso a la Corte Suprema si fuera necesario, una posibilidad que el fallo del tribunal de apelaciones podría acelerar.

Mientras tanto, Boasberg ha intensificado su investigación sobre si la Administración violó deliberadamente su orden. La semana pasada, exigió al gobierno más información sobre los vuelos de deportación, una solicitud que el DOJ rechazó.

En un escrito al tribunal de apelaciones, los abogados de la Administración argumentaron que Boasberg “sigue intentando extraer información confidencial del gobierno” con “consultas intrusivas” que “podrían obstaculizar las negociaciones en el futuro”. 

En respuesta, Boasberg cuestionó la credibilidad del gobierno en una audiencia separada: “Suelo decirles a mis secretarios, antes de que empiecen a ejercer la abogacía, que lo más valioso que tienen es su reputación y su credibilidad. Les pediría a su equipo que retengan esa lección”. 

Además, advirtió que investigará “a fondo si cumplieron mi orden, quién la violó y cuáles serán las consecuencias”.

Un caso con implicaciones profundas

La Administración Trump busca usar la Ley de Enemigos Extranjeros para agilizar deportaciones, justificándolo como una medida de seguridad nacional contra supuestos criminales como los del Tren de Aragua. 

Sin embargo, los demandantes argumentan que esta aplicación vulnera derechos constitucionales y carece de base legal fuera de un contexto de guerra declarada.

Con el tribunal de apelaciones manteniendo el bloqueo, el próximo paso podría ser una revisión por la Corte Suprema, como anticipó Bondi.