El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demanda a Dallas por despenalizar la marihuana
La denuncia contra la ciudad es la más reciente en una serie de acciones legales del republicano contra urbes texanas por medidas similares.
Ken Paxton, fiscal general de Texas, demandó a la ciudad de Dallas tras un referéndum para legalizar el consumo de pequeñas cantidades de marihuana. La medida fue aprobada por un 67% de los votantes en las elecciones del 5 de noviembre.
"Las ciudades no pueden elegir qué leyes estatales aplicar", aseguró Paxton tras presentar la demanda el jueves. En concreto, su oficina detalló que tanto el Código de Gobierno Local como la Constitución de Texas prohíben a las subdivisiones políticas adoptar normas contrarias a las estatales.
El fiscal republicano describió la medida como un intento de incumplir la constitución "por la puerta de atrás", y aseguró que "cualquier ciudad que trate de restringir a la policía de esta manera será rápidamente demandada" por su oficina.
La Proposición R enmienda los estatutos de la ciudad para prohibir a las fuerzas del orden arrestar a personas por poseer menos de 4 onzas de marihuana. También impide que usen el olor a cannabis como causa para una incautación o registro.
No es la primera vez que Paxton emprende acciones legales contra urbes texanas por medidas similares: San Marcos, Austin, Killeen, Elgin y Denton.
"Ken Paxton está muy enojado porque los texanos votaron por el cambio", sostuvo Ground Game Texas, una organización pro-marihuana que lanzó la proposición en Austin e hizo campaña en otras ciudades. "En lugar de respetar la voluntad de los tejanos, el fiscal general está malgastando recursos públicos luchando contra lo que la gente quiere".
Ground Game Texas también recordó que "dos tribunales ya han encontrado que sus reclamaciones carecen de mérito", haciendo referencia a los casos de San Marcos y Austin. "Tal y como están las cosas, la despenalización es legal en Dallas".
Sin embargo, las resoluciones en Elgin y Denton fueron otras: mientras que en la primera las partes llegaron a un acuerdo en los tribunales, en la segunda la propia administradora municipal, Sara Hensley, paralizó la aplicación de la norma alegando que contradecía la legislación estatal.