La acusación de la CPI contra Netanyahu demuestra que es ilegítima e inútil

La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de dictar órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por cargos infundados de crímenes de guerra, demuestra que el organismo es inútil y que debería ser desfinanciado, desmantelado o ambas.

En primer lugar, por ley la CPI no puede procesar a países que disponen de sistemas judiciales válidos. Esta estipulación se encuentra en su tratado fundacional.

El abogado estadounidense Alan Dershowitz anunció que está reuniendo un "dream team jurídico" para impugnar los cargos. Basará su argumentación, según explicó él mismo, en la falta de jurisdicción del tribunal:

"Argumentaremos que la CPI no tiene jurisdicción contra Israel, no sólo porque no es un estado miembro, sino también porque el tratado que estableció ese tribunal le impide considerar casos contra cualquier país con un sistema judicial propio dispuesto y capaz de investigar los supuestos crímenes..... Israel tiene uno de los mejores y más independientes sistemas judiciales del mundo, que está dispuesto y es capaz de investigar a sus propios dirigentes. Los tribunales israelíes han condenado y encarcelado a un ex primer ministro, a un expresidente y a varios ministros. Hamás no tiene un sistema judicial de este tipo".

"Según la legislación internacional, Israel tiene pleno derecho a defenderse tras el horrible ataque que sufrió el 7 de Octubre".

El afán por procesar a los israelíes también ilustra la creciente politización de organismos internacionales clave, especialmente los asociados a las Naciones Unidas, que no tienen ningún interés en adoptar un enfoque equilibrado hacia Israel.

Desde que la idea de presentar cargos por crímenes de guerra contra destacados dirigentes israelíes se presentó por primera vez en la CPI, ha sido evidente que su prioridad ha sido acusar a israelíes. Lejos ha quedado de enfocar sus esfuerzos en los grupos responsables de la última ronda de derramamiento de sangre en Oriente Próximo, como Hamás.

Según la legislación internacional, Israel tiene pleno derecho a defenderse tras el horrible ataque que sufrió a manos de los terroristas el 7 de Octubre de 2023, y esto ha constituido la base de la ofensiva militar de las Fuerzas de Defensa de Israel para destruir la infraestructura y el liderazgo del grupo terrorista en Gaza desde entonces.

Aunque Hamás y sus patrones iraníes son incuestionablemente culpables por el inicio del conflicto de Gaza, organismos como la CPI han decidido apuntar con cargos de crímenes de guerra contra miembros del Gobierno israelí. De este modo,  la institución se ha burlado tanto de sí misma como de las leyes que pretende defender.

Los verdaderos culpables

El deseo de Hamás de explotar para sus propios fines nefastos la bárbara matanza de hombres, mujeres y niños inocentes el 7 de Octubre ha sido puesta en evidencia por un alto dirigente de la organización terrorista en una reciente entrevista.

Khalil al-Hayya, subjefe de Hamás y máximo dirigente del movimiento fuera de Gaza, declaró a la BBC, desde su refugio en Qatar, que aquel ataque contra la población civil estaba totalmente justificado porque era necesario para volver a situar la cuestión palestina en la agenda mundial. De lo contrario, afirmó, el ciclo de violencia en Oriente Próximo no tendría fin.

El asombroso cinismo reflejado en los comentarios de al-Hayya, en los que pretendía justificar la masacre de inocentes para apoyar la agenda política de Hamás, proporciona una rara visión de la depravada mentalidad de los responsables de planear y ejecutar el peor atentado terrorista de la historia de Israel.

Recurrir a la barbarie para perseguir objetivos políticos es exactamente el tipo de táctica empleada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Si algún acto merece atraer toda la atención de los fiscales de la CPI, son las atrocidades cometidas por los fanáticos terroristas a inicios de octubre del año pasado.

Sin embargo, en lugar de trabajar para asegurarse de que los autores de estos crímenes -incluidos los cobardes dirigentes de Hamás como al-Hayya, que prefieren tramar sus atrocidades desde la seguridad de su cómodo refugio en Qatar o Turquía-, organismos institucionales como la CPI convierten a Israel -la verdadera víctima en estos terribles sucesos- en el principal blanco de su atención.

Tampoco hay que dar crédito a la disparatada sugerencia de al-Hayya de que la invasión del Sábado Negro hará que la región se vuelva más segura. Más bien lo contrario, el despiadado ataque de Hamás ha causado uno de los peores estallidos de violencia en Oriente Próximo desde la guerra de Irak, en el que Israel se ve obligada a combatir en varios frentes, incluidos Gaza, Líbano, Irán, Irak, Siria y Yemen.

Sin poder, sin credibilidad

Además, la ya mermada credibilidad de la CPI ha quedado aún más debilitada por su burdo intento de establecer una equivalencia moral entre las salvajes acciones cometidas por Hamás el 7 de Octubre y la posterior respuesta militar de las FDI, a pesar de que estas últimas operan bajo los auspicios del derecho internacional. No puede decirse lo mismo de los terroristas.

También se han formulado críticas similares de parcialidad institucional contra la Corte Internacional de Justicia (CIJ), otro organismo patrocinado por la ONU, que adoptó una postura muy sesgada contra Israel después de que el gobierno sudafricano, al parecer a instancias de Irán, utilizara el organismo para acusar a Israel de genocidio en la conducción de su campaña militar en Gaza.

El gesto simbólico de la CPI de acusar con crímenes de guerra también a los dirigentes de Hamás Mohammed Deif, Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar, dos de los cuales ya habían sido eliminados para aquel momento, constituye un ejemplo más de su negativa a abordar las realidades del conflicto de Gaza. Deif, que en un principio se enfrentaba a cargos de crímenes de guerra junto con Ismail Haniyeh, líder de Hamás, y Yahya Sinwar, que orquestó los atentados del 7 de Octubre, fue asesinado en un ataque aéreo israelí en agosto. Haniyeh y Sinwar también murieron a manos de las FDI.

Presentar cargos contra terroristas muertos no solo resulta inútil, sino que pone de relieve lo inadecuado de permitir que un organismo como la CPI juzgue cuestiones tan complejas como el conflicto en Gaza.

"Sin la fastuosa financiación que estos organismos reciben de Occidente, su capacidad para perseguir su propia y retorcida agenda se verá, como mínimo, gravemente limitada".

No es un gran consuelo para Israel que las órdenes de detención emitidas por la CPI, entre las que se incluye una dictada contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania, rara vez se ejecutan. Aunque sí ilustra la impotencia de esta corte.

La decisión de dictar órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant provocó una furibunda reacción del gobierno israelí, que acusó a la CPI de corrupción e incompetencia. La oficina de Netanyahu calificó la "decisión antisemita" de parecerse a "un caso Dreyfus moderno".

El presidente israelí Isaac Herzog dijo que la medida marcaba "un día oscuro para la justicia [y] la humanidad". La corte había elegido "el terror y el mal en vez de la democracia y la libertad, y convertido el propio sistema de justicia en un escudo humano para Hamás", añadió.

Israel también puede consolarse con el hecho de que las perversas payasadas de organismos supuestamente neutrales como la CPI y la CIJ no han pasado desapercibidas para los líderes mundiales.

Un comunicado emitido por la Casa Blanca condenó la decisión de la CPI. "Seguimos profundamente preocupados por la precipitación del fiscal a la hora de solicitar órdenes de detención y por los preocupantes errores del proceso que han llevado a esta decisión", dijo la Casa Blanca. "Estados Unidos ha sido claro en que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto".

Se dice que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando la posibilidad de imponer sanciones contra el abogado británico señalado como responsable de persuadir a la CPI para que emita órdenes de arresto contra los altos cargos políticos israelíes.

El representante estadounidense Mike Waltz, que será asesor de seguridad nacional de Trump, dijo que el tribunal no tenía "credibilidad" y prometió "una respuesta contundente al sesgo antisemita de la CPI" cuando la Administración Trump tome posesión el 20 de enero.

Otros países, como Francia, que son miembros de la CPI, han indicado que no aplicarán las órdenes de detención de la CPI.

Otra opción que debería considerarse es que el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del próximo Gobierno estadounidense analice si vale la pena seguir financiando a organismos como las Naciones Unidas y sus afiliados, la CPI y la CIJ, todos los cuales muestran un fuerte sesgo antiisraelí. Ciertamente, sin la fastuosa financiación que estos organismos reciben de los países occidentales, su capacidad para perseguir su propia agenda retorcida se verá, como mínimo, seriamente limitada.

© Gatestone Institute