ANÁLISIS
Persecución en Colombia: luego de un proceso manipulado y sesgado, condenan al expresidente Uribe por presunto caso de soborno a testigos
El veredicto representa la primera vez que un exmandatario colombiano es condenado penalmente, aunque aún queda camino legal por recorrer.

Álvaro Uribe en el 2023.
En una decisión que marca un antes y un después en la política colombiana, la jueza penal 44 de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró este lunes 28 de julio culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, y lo absolvió del cargo de soborno simple. El fallo, emitido tras más de nueve horas de audiencia, encendió alarmas entre sectores conservadores que consideran que se trata de una maniobra impulsada desde la izquierda para debilitar al principal símbolo de la lucha contra el terrorismo en Colombia.
Desde el Centro Democrático y sectores aliados han denunciado que el proceso contra Álvaro Uribe estuvo cargado de irregularidades, motivaciones políticas y una intención de destruir su imagen, convirtiendo al sistema judicial en un instrumento de persecución. La defensa del expresidente sostiene que la decisión de la jueza responde más a intereses ideológicos que a pruebas concluyentes.
El proceso judicial aún no ha terminado. La decisión de la jueza corresponde a la primera instancia y debe ser revisada por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, si esta segunda sentencia no se emite antes del 16 de octubre, el caso podría prescribir, lo que significa que quedaría anulado por vencimiento del plazo legal. Según la jueza, Uribe buscó alterar los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, a través del abogado Diego Cadena y con la colaboración de otros intermediarios como Enrique Pardo Hasche.
Un juicio con origen político y pruebas cuestionadas
El caso comenzó en 2012, cuando el expresidente Álvaro Uribe denunció al hoy senador Iván Cepeda, una figura de izquierda del partido Polo Democrático Alternativo. Uribe lo acusaba de manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, la Corte Suprema no solo desestimó esa denuncia, sino que terminó abriendo un proceso contra el propio Uribe. Así empezó una larga batalla judicial que lleva más de diez años.
Según la Fiscalía, en 2018 Uribe habría enviado a su abogado Diego Cadena a la cárcel La Picota para que convenciera al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de cambiar su testimonio y decir que el expresidente no tenía vínculos con el paramilitarismo, a cambio de beneficios legales. La defensa, en cambio, sostiene que fue el propio Monsalve quien quiso retractarse y que Cadena solo escuchó su nueva versión. Cadena enfrenta actualmente otro juicio por estos mismos hechos.
Una de las principales pruebas del caso son unas llamadas telefónicas que fueron interceptadas por error. El magistrado Jorge Luis Barceló había ordenado intervenir otra línea, pero terminó escuchando conversaciones del expresidente. Aunque esa evidencia se obtuvo de forma irregular, la jueza decidió aceptarla en el juicio. Para muchos juristas y defensores del expresidente, esta decisión representa una legitimación de la manipulación del caso y de interceptaciones ilegales que vulneraron garantías fundamentales.
“Manipulación del caso” y defensa del debido proceso
El partido Centro Democrático, fundado por Uribe, lamentó el fallo judicial y reiteró su respaldo a la inocencia del expresidente Uribe. Afirmó que, si bien acatarán el fallo con respeto, este será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, e incluso podrían acudir a otras instancias como la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.
“Recordamos que esta no es una decisión definitiva. Mientras existan recursos judiciales pendientes, el expresidente Uribe conserva plenamente su presunción de inocencia”, señala el comunicado.
Reacciones: desde denuncias de venganza hasta llamados a la calle
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal calificó la sentencia como “el fallo de la infamia” y denunció que el proceso fue utilizado como plataforma política. “fue un monumento a la arbitrariedad judicial y la politización de la justicia”, afirmó, señalando que acudirán a instancias superiores.
El también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella llamó abiertamente a la movilización social. “El montaje está consumado, pero no podrán con el símbolo. ¡TODOS A LA CALLE! ¡URIBE INOCENTE!”, expresó en un pronunciamiento que ha tenido fuerte eco entre sus seguidores.
Otros dirigentes políticos como Paola Holguín y Daniel Briceño criticaron lo que consideran una doble vara en la valoración de los testimonios y una evidente simpatía de la jueza por Cepeda, a quien calificaron de beneficiario político del proceso.
El congresista Miguel Polo Polo fue aún más directo: “La izquierda intentó asesinar con dos disparos en la cabeza al senador más votado de Colombia, tiene al país acabado y ahora condena al presidente que estuvo a punto de acabar con la guerrilla. Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro”, escribió.
Reacción desde Estados Unidos: “No ignoraremos la injusticia”
La sentencia también generó reacciones fuera de Colombia. El senador estadounidense Rick Scott publicó un mensaje en la red social X expresando su respaldo a Uribe:
“@AlvaroUribeVel siempre ha sido una voz líder en la lucha por la libertad en Colombia y en toda Latinoamérica. La persecución política y los brutales ataques bajo el régimen socialista de Petro son inaceptables. No silenciarán la lucha por la libertad. Estados Unidos apoya al pueblo colombiano y no ignorará la injusticia”.