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El Senado de Colombia hunde la consulta popular con la que el Gobierno socialista de Petro pretendía imponer sus reformas radicales

Con sus iniciativas rechazadas en el Congreso, el presidente ahora apuesta por la presión social en las calles.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo PetroRaúl Arboleda / AFP

Sabrina Martin
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En una jornada cargada de tensiones políticas, el Senado de Colombia rechazó por mayoría la solicitud del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular. Con 49 votos en contra y 47 a favor, la plenaria negó el aval requerido para llevar la propuesta a las urnas.

El Ejecutivo planteaba esta consulta como una salida tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, y como un modo de validar su proyecto directamente en las urnas. Sin embargo, para sectores de la oposición, la iniciativa no era otra cosa que un intento del presidente de saltarse abrir un camino hacia el control directo del debate político, con miras incluso a las elecciones de 2026.

El resultado fue celebrado por la oposición como un revés político para el presidente Petro y su coalición del Pacto Histórico, mientras que sectores del oficialismo denunciaron supuestas irregularidades en el procedimiento. 

Acusaciones desde el extranjero y llamado a la movilización

El resultado provocó una reacción inmediata desde el exterior. Desde China, donde adelanta una gira diplomática, el presidente Petro acusó al Senado de haber cometido “fraude”. A través de su cuenta en X, denunció que se cerró la votación de manera irregular justo cuando, según él, los votos por el “sí” empezaban a ganar terreno.

“El pueblo debe decidir”, escribió Petro, convocando de inmediato a sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas y grupos juveniles a organizarse, en lo que parece ser un llamado a la movilización social como alternativa al bloqueo legislativo.

Escándalo en la plenaria: el ministro del Interior protagoniza un altercado

El ambiente en el Senado se volvió aún más tenso cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, confrontó al secretario del Senado, Diego González, durante el conteo de votos. En imágenes compartidas en redes sociales,  se ve al funcionario alterado, golpeando la mesa y encarando al secretario, situación que llevó a la senadora María José Pizarro a intervenir para evitar una confrontación directa.

Más tarde, el propio Benedetti reconoció que su reacción fue “aireada” y acusó irregularidades en el cambio de un voto clave y en el tiempo reglamentario de espera. Según su versión, no se respetaron los 20 minutos estipulados por ley.

Otro senador testigo de la escena, advirtió que la integridad física del secretario estuvo en riesgo y aseguró que tuvo que intervenir para evitar que el ministro llegara a las agresiones.

Filtración confirma estrategia de presión social

Minutos después del desenlace, un informe publicado por la revista Semana asegura que el ministro Benedetti envió mensajes al presidente Petro desde su curul. En uno de los textos, preguntaba: “¿Quién convoca la huelga general?”. La conversación, que también incluía reportes previos de negociaciones políticas con partidos aliados, reveló la intención del Gobierno de pasar rápidamente de la vía institucional a una estrategia de presión en las calles.

Reforma laboral, revivida por la vía de una apelación

Pese al revés para la consulta, la reforma laboral no quedó del todo enterrada. En la misma sesión, la plenaria del Senado aprobó una apelación que permitirá que el proyecto sea debatido de nuevo en una comisión diferente a la que lo había archivado. Esta decisión fue el resultado de un acuerdo entre sectores políticos diversos, que aunque rechazaron la consulta, decidieron no cerrar del todo el camino a la discusión de la reforma.

Confrontación institucional en aumento

Con el rechazo del Senado, el presidente Petro suma otro revés significativo en su intento de avanzar una agenda que ha sido ampliamente cuestionada por su contenido y su forma. Su respuesta, marcada por graves acusaciones y llamados a la movilización popular, evidencia un distanciamiento cada vez mayor entre el Ejecutivo y el poder legislativo.
En medio de esa confrontación, crece la preocupación por el rumbo institucional del país, mientras el Gobierno apuesta cada vez más por la calle para sortear sus derrotas en el Congreso.
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