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Un exasesor clave de la era COVID admite maniobras para evadir las leyes de transparencia

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía contempla una pena de hasta cinco años de prisión para el exfuncionario.

Imagen referencial de un centro de pruebas Covid.

Imagen referencial de un centro de pruebas Covid.Jung Yeon-je / AFP.

Andrés Ignacio Henríquez

David Morens, de 78 años, quien fuera asesor principal de la Oficina del Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) entre 2006 y 2022, se declaró culpable ante un tribunal federal de Maryland por el delito de conspiración para cometer ilícitos y defraudar a los Estados Unidos.

La admisión de responsabilidad se produce tras una investigación sobre las maniobras coordinadas para blindar registros públicos vinculados a la gestión de la pandemia de COVID-19.

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía contempla una pena de hasta cinco años de prisión para el exfuncionario. "Al declararse culpable hoy, el Dr. Morens ha asumido la responsabilidad de sus actos y continuará haciéndolo", manifestó Tim Belevetz, abogado defensor del imputado.

El pliego acusatorio original, presentado en abril, imputaba a Morens cinco cargos por su participación activa en un esquema destinado a sustraer información oficial del escrutinio público, contraviniendo las solicitudes formuladas al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA) entre abril de 2020 y diciembre de 2022.

Cuentas privadas y desvío de fondos a Wuhan

Según los documentos judiciales, Morens conspiró junto a dos colaboradores externos para utilizar su cuenta personal de Gmail en lugar del correo institucional del Gobierno. 

El objetivo central consistía en evadir las normativas de transparencia sobre el origen del virus y ocultar discusiones sobre una subvención federal otorgada en 2014 bajo el título "Comprensión del riesgo de aparición del coronavirus en murciélagos".

Dicho financiamiento, administrado por la organización EcoHealth Alliance —cuyo presidente, Peter Daszak, figura en las indagatorias del Congreso como uno de los conspiradores—, destinó subvenciones al Instituto de Virología de Wuhan en China.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) suspendieron la asignación de estos fondos en abril de 2020 tras los señalamientos de que el virus pudo haberse originado por una fuga en la instalación china.

La investigación reveló además que la cuenta personal de Morens funcionó como un canal informal para transferir información confidencial del NIH hacia altos cargos de la institución, entre ellos Anthony Fauci, exdirector del NIAID.

Como parte de la declaración de culpabilidad, Morens reconoció haber recibido gratificaciones ilegales por parte de Daszak, incluyendo botellas de vino enviadas a su residencia en Maryland a modo de compensación por sus gestiones tras bambalinas.

El cerco legislativo sobre la gestión de la pandemia

Las revelaciones de la Fiscalía coinciden con las pesquisas impulsadas por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia de Coronavirus, que ha examinado el rol de los funcionarios de salud en la contención de la hipótesis de la fuga de laboratorio y el manejo de los recursos públicos.

Durante sus intervenciones parlamentarias en 2024, Fauci intentó distanciarse de Morens asegurando que no se desempeñaba como su asesor en políticas institucionales, al tiempo que tildó sus acciones de inapropiadas. Sin embargo, las presiones sobre el exdirector del NIAID han aumentado recientemente tras la divulgación de mensajes de texto y registros personales por parte de la mayoría republicana.

En una comparecencia el mes pasado ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado, Fauci invocó de manera reiterada la Quinta Enmienda para evitar responder a los cuestionamientos de los legisladores.

Ante la negativa de testificar, la comisión del Senado aprobó una moción para declararlo en desacato al Congreso, remitiendo el expediente directamente al Departamento de Justicia.

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