Condenan a 10 años de cárcel al excongresista David Rivera por hacer lobby en secreto a favor de Nicolás Maduro

El excongresista republicano David Rivera fue sentenciado este viernes a 10 años de prisión por realizar gestiones secretas de cabildeo ante funcionarios del Gobierno de Estados Unidos en favor del régimen de Nicolás Maduro, según informó la agencia Reuters.

La condena fue emitida por la jueza de distrito Melissa Damian en un tribunal federal de Miami, poniendo fin a un proceso judicial iniciado tras su imputación en 2022.

Rivera, de 61 años, representó al sur de Florida en la Cámara de Representantes entre 2011 y 2013. En mayo pasado, un jurado lo declaró culpable por violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) al no haberse registrado ante el Departamento de Justicia mientras realizaba gestiones de influencia para la dictadura venezolana durante el año 2017.

Contratos millonarios y operaciones en favor de un régimen hostil

La Fiscalía Federal en Miami solicitó una pena privativa de libertad significativa, argumentando que el exlegislador actuó en representación de un "gobierno extranjero hostil".

De acuerdo con la acusación, Rivera recibió un pago de 20 millones de dólares procedente de la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA para intentar aliviar la presión de las sanciones de Washington sobre la cúpula chavista.

Por su parte, la defensa de Rivera solicitó evitar su ingreso en prisión tras sostener una declaración de no culpabilidad. Los abogados argumentaron que las acciones del excongresista buscaban respaldar a la oposición venezolana para desplazar a Maduro del poder, descartando cualquier intención de favorecer al régimen.

Asimismo, la defensa argumentó que la administración del presidente Donald Trump ha restado prioridad a la persecución de casos enmarcados en la ley FARA desde su toma de posesión en enero de 2025.

Pese a los alegatos presentados por la representación legal, el tribunal ratificó la gravedad de las infracciones a la legislación sobre transparencia y soberanía nacional, cerrando el caso con la imposición de una pena de una década de reclusión para el exrepresentante.