Jueza federal bloquea al NIH de ejecutar el programa de recortes de Trump en 22 estados demócratas
Los recortes que Trump impuso este lunes 10 de febrero siguen en vigor en otros estados del país.

NIH, en imagen de archivo
La jueza del tribunal del distrito de Massachusetts en Boston, Angel Kelley, bloqueó temporalmente a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de poner en marcha la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reducir las subvenciones para las investigaciones en materia de salud. La medida de Kelley es de restricción temporal e impedirá al gobierno estadounidense imponer los recortes que tenía planteados para 22 estados, los cuales habían demandado previamente para bloquear esta reducción de fondos. A pesar de esto, los recortes que Trump impuso este lunes 10 de febrero siguen en vigor en otros estados del país.
Kelley también le ordenó al NIH presentar un informe de situación en un plazo de 24 horas y a intervalos quincenales posteriormente. La jueza, quien fue asignada a su cargo durante la administración del expresidente Joe Biden, explicó que esto será crucial para confirmar "la distribución regular y la asignación de fondos de asistencia financiera federal". Asimismo, Kelley detalló que el próximo 21 de febrero tendrá lugar una audiencia para evaluar los próximos pasos a tomar.
Demanda de 22 estados demócratas
La decisión de la jueza tuvo lugar como respuesta a la demanda ejecutada por los fiscales generales de los 22 estados demócratas donde se impondrían los recortes. Estos argumentaron que era necesario impedir al NIH implementar las medidas del programa de recortes, ya que estas traerían como resultado “consecuencias financieras catastróficas".
De igual forma, los fiscales generales argumentaron en su demanda que la política que quiere implementar la administración Trump en este aspecto podría provocar no solamente el despido de miles de trabajadores a lo largo y ancho del país, sino también interrupciones en los ensayos clínicos y la clausura de programas de investigación. Asimismo, dichos fiscales generales explicaron en la demanda que todos estos efectos colaterales pondrían en riesgo la salud y la vida de millones de personas en estos 22 estados.
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